A día de hoy penden de una decisión del Tribunal Constitucional cuestiones tan nucleares para nuestra sanidad como son el copago, la universalidad de la asistencia y las subastas de medicamentos. Así, en un auténtico fuego cruzado judicial, el Gobierno tiene impugnados el Decreto-Ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y el Decreto-ley 3/2015, de 24 de julio, del Consejo, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana.
Por su parte, diversos grupos de la oposición han interesado la inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Si bien se reprocha al alto Tribunal una cierta tardanza en su resolución, lo cierto es que se trata de cuestiones complejas, en las que el Derecho y la política se entremezclan. Este letrado entiende que se está abusando de un debate que debió quedar en la esfera parlamentaria, instrumentalizando un órgano judicial como arma arrojadiza.
Nos encontramos ante la defensa a ultranza por las fuerzas de izquierda del ‘modelo Beveridge’ que, en España, con abandono del sistema tradicional de ‘aseguramiento’ social, se materializó en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Se trata de una defensa con intensos tintes ideológicos, a pesar de que desde hace años las cifras evidencian su carácter insostenible. Frente a ello, el Partido Popular ha carecido tradicionalmente de modelo, y se conforma con parches tipo copago que, si bien son razonables por su vocación disuasoria de usos irrazonables de medicamentos, encaja mal en el resto del sistema. Esencial se me antoja la discusión sobre la constitucionalidad del Real Decreto-Ley 16/2012, en tanto que supuso un escarceo de cuestionamiento al modelo imperante del SNS, retomando la acepción centroeuropea del ‘asegurado’. Si este escenario lo conjugamos con el otro plano de discusión competencial (subastas) entre Estado y autonomías, la cohesión y la supervivencia del sistema serán materialmente imposibles.
