Cuestiones como el acceso asequible a los medicamentos y servicios de calidad o la seguridad de los fármacos y dispositivos médicos continúan en riesgo incluso después del lavado de cara que la Comisión Europea ha realizado a la cláusula de protección de inversiones, conocida como ‘claúsula ISDS’, para su debate en las negociaciones del Tratado Transatlántico. Una nueva resolución adoptada por la TACD, el organismo que agrupa a consumidores y organizaciones en defensa de la Salud Pública de ambos lados del Atlántico, considera que la fórmula escogida por la Unión Europea prioriza los derechos de las corporaciones frente al derecho de los gobiernos a regular en representación de los ciudadanos.
Frente al sistema de árbitros de la cláusula ISDS original, la Comisión optó por diseñar un “Sistema de Tribunales de Inversiones” que incluye un refuerzo al derecho de los países a regular, así como un mecanismo de apelación. Nada de esto es suficiente para los consumidores, que exigen a los equipos negociadores que desistan de incluir en el Tratado de Libre Comercio cualquier fórmula para dirimir conflictos entre inversores y estados, sea cual sea su forma.
El motivo es que la propuesta europea sólo apunta, a su juicio, algunos cambios en aquellos asuntos que más preocupan desde el punto de vista de la salud pública. Entre ellos se incluyen todas aquellas decisiones que los estados miembro de la Unión Europea pueden adoptar para contener el gasto farmacéutico o garantizar el acceso de los medicamentos, aunque también toca a puros asuntos de Salud Pública, como las regulaciones relativas al consumo de tabaco o de alcohol.
Los grupos de presión que alertan sobre posibles consecuencias del TTIP en la Salud Pública piden, al menos, que la cláusula de protección de inversiones incluya las menciones relativas a los derechos de propiedad intelectual y las patentes. El TACD cree, en cambio, que “no existe una razón legítima para correr tal riesgo” con los estándares de salud pública de la Unión Europea.
Para los consumidores, el hecho de que la Comisión Europea haya tenido que presentar una propuesta alternativa demuestra que el ‘statu quo’ de la cláusula ISDS es “imposible de mantener”. Entre sus argumentos cobra fuerza el hecho de que la revisión planteada esté abierta solamente a los inversores, y no contempla la posibilidad de que los ciudadanos acudan a ella.
