El Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada la tramitación de la Ley 25 de Emergencia Social, impulsada por Podemos, bajo un clima de precampaña. El texto, que propone blindar la universalidad en la asistencia sanitaria y la supresión del copago farmacéutico, puede tener una vida muy corta si no se llega a conformar un ejecutivo, ya que el 2 de mayo se disolverían las cortes. “Para desarrollar esta ley hace falta un gobierno que no sea el de Rajoy. Si no lo hay esta ley se quedará en nada”, espetó la diputada socialista Isabel Rodríguez antes de anunciar que su grupo parlamentario votaría a favor.
Podemos defendió el derecho a la salud días después de haber ofrecido aceptar el copago farmacéutico en los términos que dicta el pacto entre el PSOE y Ciudadanos, que acordaron suprimirlo a personas en riesgo de exclusión social. “Esto demuestra que nosotros en aquella reunión hicimos de todo por ceder, incluso en cosas como las que defendemos hoy que para nuestro grupo son muy importantes”, aseguró el líder de Podemos, Pablo Iglesias, a EG.
Para alcanzar la aprobación, además del voto favorable del PSOE, la Ley 25 contó con las abstenciones de Ciudadanos, PNV y Democràcia i Llibertat, además de los apoyos de Compromís, Izquierda Unida y Esquerra Republicana. Sin embargo, todos los grupos parlamentarios criticaron “la pésima técnica legislativa”. Desde Ciudadanos afearon a Podemos que el texto llegase sin memoria económica, así como que no apoyase el pacto alcanzado por este grupo y PSOE, donde la universalidad en la asistencia sanitaria está garantizada para los residentes en España. “Esta ley podría crear frustración por la indefinición de las soluciones a problemas importantes”, aseguró el diputado naranja Pablo Yáñez. Además, según la socialista Rodríguez, el texto, tal y como fue redactado, no recupera la universalidad si no que la deja en un vacío legal.
Los partidos nacionalistas también recordaron a Podemos la escasa claridad del texto y le recordaron que la ley invade competencias autonómicas. Tanto vascos como catalanes condicionaron su abstención a una revisión del redactado durante el periodo de enmiendas. La única oposición que tuvo el texto llegó desde la bancada popular. La diputada María Eugenia Romero aseguró que el texto que se votaba en la Cámara tenía una “pésima técnica legislativa” y llegaba sin memoria económica.
