Las obligadas deducciones al sistema en función de su facturación pública que realizan desde 2000 las oficinas de farmacia nacionales han ido olvidando su, a priori, caracter “urgente y temporal” con el que fueron implantadas originalmente a través del RD 5/2000 para perpetuarse en el tiempo en una suerte de ‘pozo sin fondo’ para estos establecimientos. Hasta ahora, todas las reivindicaciones de la profesión farmacéutica —colegios y patronales— instando a su supresión por sus daños a la economía del sector han caído en saco roto. Pero ahora podría haber encontrado un ‘aliado’ ni mucho menos baladí: el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (en funciones, eso sí).
En concreto, ha sido la patronal farmacéutica nacional FEFE quien, en una reciente reunión con el ministro del ramo en funciones, Cristóbal Montoro, hizo trabajo de ‘pico y pala’ para ganar adeptos a la causa de la derogación. Lo hizo tratando de convencer a los tutores de la Hacienda Pública de que la supresión de estas deducciones —mediante la derogación parcial del RD 5/2000— supondría un win to win para el sector y la Administración central. Un “efecto multiplicador” para mejorar la economía del sector y del país en su globalidad. ¿La justificación? “Las farmacias aumentarían su facturación y, en consecuencia, la Agencia Tributaria obtendría mayores ingresos de lo recaudado de estos establecimientos por IRPF”, expone a EG Luis de Palacio, secretario general de la patronal nacional.
De Palacio confirma que la propuesta, de partida, ha sonado bien en los oídos de los responsables ministeriales, dado que en el encuentro mantenido el pasado 28 de abril, Montoro aseguró que encargaría un estudio a la Secretaria General de Hacienda para analizar cuánto ha bajado la recaudación por IRPF en el sector de oficina de farmacia desde el año 2000. El fin último sería comparar si lo recaudado por estos ‘impuestos’ a las farmacias “compensa” la bajada de lo ingresado por el IRPF. A tenor de lo reflejado en un informe de Antares Consulting, solo en 2014 la red de oficinas de farmacia aportó, en su conjunto, más de 240 millones de euros al sistema por estas deducciones del 5/2000 (un 2,57 por ciento sobre el total del gasto farmacéutico), si bien no todos los establecimientos se ven obligados a realizar estas aportaciones por su baja facturación. Cabe recordar que las cantidades de estas deducciones van directas a las arcas de las Administraciones autonómicas, mientras que si se derogasen las mismas, los beneficios serían ‘globales’ a la economía del país.
Esta desviación del destinatario final bien podría ser un motivo más de interés por la medida por parte de la Administración central, la cual, dicho sea de paso, es notoria su búsqueda de nuevas vías de ingresos que continúen saneando la economía del país. Según los cálculos de FEFE, por cada cien euros que subiese el gasto farmacéutico al suprimir estas deducciones —y que serían cien euros más de facturación en las farmacias—, la Agencia Tributaria podría ingresar entre 40 y 50 euros “de los que actualmente no dispone, porque irían directamente al tipo marginal del IRPF”, concreta De Palacio. De forma paralela, no solo se beneficiaría la economía de las farmacias y el Estado, sino tambien otros sectores del entorno de la oficina de farmacia, como el bancario (el aumento de los ingresos de las farmacias reduciría los riesgos de morosidad), o sus proveedores (como la distribución), etc.
Un uso ‘picaresco’ por las CC.AA.
Es evidente que la hipotética supresión de estas deducciones tendría en las comunidades autónomas a su principal perjudicado. No solo porque perderían esa fuente de ingresos directa, sino porque dejarían de poder ‘jugar’ con los mismos, como así denuncia el sector.
“Las Administraciones regionales, conscientes de que recibirian sistemáticamente estos ingresos, han utilizado de forma oportunista el RD 5/2000 para presupuestar a la baja las partidas destinadas al gasto, e incluso la propia norma preveía que las deducciones se empleasen en la creación de fondos de contingencia; el Ministerio de Hacienda es consciente”, recuerda el secretario general de FEFE. Un parecer que comparten expertos fiscales como Josep María Besalduch, socio fundador y director general de Aspime, asesoria especializada en el sector farmacéutico. “Las deducciones se vienen usando con cierta picaresca por las autonomías y no cabe duda de que sin ellas, tendrían que realizar presupuestos más ajustados al gasto real”, opina.
En su opinión, desde la entrada en vigor del RD 5/2000, “se ha creado una distorsión entre todas las farmacias y una merma importante en su margen bruto y, de rebote, en el margen neto por el que tributa en el IRPF”. Por ello, el director general de Aspime coincide con la propuesta de FEFE y con las consecuencias que acarrearía: “su supresión aumentaría el margen bruto de las farmacias y por ende su margen neto, que es la base imponible por la que tributan; por tanto, el sector de oficina de farmacia tributaria más por el IRPF y el Estado recaudaría más”, indica Balsaduch. Ahora bien, tal como prevé hacer el Ministerio de Hacienda, el director general de Aspime cree que “habría que analizar si compensa tomar esta decisión”. No obstante, como puntos a favor, Balsaduch recuerda que la eliminación de las deducciones y el aumento de beneficios de las farmacia generaría otros efectos colaterales como una mayor inversión de los titulares, generación de empleo, etc. Por todo ello, estima “muy aconsejable” acometer esta supresión.
La propuesta de FEFE tiene también un adepto en Alejandro Briales, director técnico de la asesoría Asefarma y responsable de su departamento fiscal. Si bien personalmente ve “difícil” que se llegase a concretar, si cree que la supresión de las deducciones “aumentaría la tributación de las farmacias al IRPF llegando a abonar a la Agencia Tributaria hasta el 43 por ciento del mismo”. Así, “abogamos por la supresión de estas deducciones no solo como balón de oxígeno para las farmacias, sino porque del mismo modo el Estado incrementaría su factura fiscal”.
Ronda de contactos cara al 26-J
Haciendo de la necesidad virtud, De Palacio confirma a EG que se aprovechará la repetición de las elecciones generales que debe afrontar España el 26 de junio, para iniciar una ronda de contactos con las formaciones políticas para presentar esta propuesta que ya conoce el Ministerio de Hacienda.
No obstante, hay quien puede pensar que si a las CC.AA. se les retirase esta ‘fuente’ de ingresos, podrían tomar ‘alternativas’ normativas o bien oponerse a algunas responsabilidades económicas que actualmente tienen con las farmacias (impuestas por el Estado) como la aplicación de un índice corrector al margen de las boticas regionales en riesgo de viabilidad (las ‘ayudas’ VEC). No obstante, De Palacio cree que la existencia de boticas VEC es responsabilidad de las propias Administraciones regionales. “Las CC.AA. son responsables de su ordenación, y quizá deberían haber pensado en no abrir farmacias tan libremente”, opina. Por su parte, Besalduch sí avisa que, a tenor de los precedentes, “ya sabemos que si a una Administración se le quita una vía de ingresos, busca fórmulas para recuperarlos”.
