El Ayuntamiento de Burela (Lugo) se mantiene firme en reclamar a cada una de las cuatro farmacias existentes en la localidad el pago de una tasa anual de 197 euros por contar con ventanillas dispensadoras para los servicios de urgencia. Un impuesto que el Consistorio exige en concepto de “liquidación por ocupación de vía pública por cajero automático”.
Tal como viene informando EG, a comienzos de año los titulares de estas farmacias recibieron una notificación en la que se les reclama el abono de una tasa que no se venía exigiendo en años anteriores. Tan solo una de las titulares afectadas, Sandra Gómez, sí recuerda un único precedente en 2009 —por entonces solo existían dos boticas en la localidad— por un importe de 182 euros, sin que ese impuesto tuviese continuidad en los siguientes ejercicios.
Tras recibir esta notificación con la que el Ayuntamiento rescataba este gravamen, los cuatro titulares presentaron un recurso al propio Consistorio pidiendo la exención en el abono de esta tasa ya que, justifican, las ventanillas dispensadoras “no son cajeros automáticos sino un servicio sanitario que no solo no tiene un fin lucrativo y que ni siquiera su mecanismo es automático, ya que interviene el personal en la entrega”.
Sin embargo, recientemente el Ayuntamiento ha desestimado este recurso e insiste en reclamar el pago de la tasa. En su respuesta, el Consistorio argumenta que «la instalación de cajeros automáticos o ventanillas (...) en línea de fachada y orientados hacia la vía pública (...) supone un aprovechamiento no privativo, pero sí especial, de la vía pública por parte de la entidad titular».
Tras agotar la vía administrativa, Gómez confirma a EG que se está tramitando la apertura de la vía judicial. En concreto, la presentación de un recurso contencioso-administrativo, para lo cual están siendo asesorados por el equipo de abogados del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Lugo. “Nos reiteramos en los mismos argumentos; ni son cajeros automáticos ni nos lucramos con ello”, insiste la titular de la farmacia O Parque.
Eso sí, las farmacias —recomendadas por los asesores jurídicos del colegio lucense— procederán al pago de la tasa correspondiente a 2018, independientemente de su reclamación en los tribunales regionales.
