La transición hacia la sostenibilidad de los sistemas sanitarios podría pasar menos por limitar el acceso a la atención médica y más por reducir el uso excesivo de procedimientos, pruebas y tratamientos de alto impacto ambiental. Esa es una de las principales conclusiones de un estudio publicado en la revista The Lancet Planetary Health, que revela profundas desigualdades en la huella de carbono asociada a la atención sanitaria a escala mundial.
La investigación, que analizó datos de 121 países entre 2005 y 2017, concluye que el 10% de las personas con mayor gasto sanitario fue responsable del 48% de todas las emisiones de carbono vinculadas al sector salud en 2017. En contraste, la mitad de la población mundial con menor gasto sanitario generó menos del 10% de dichas emisiones.
Los autores sostienen que estos resultados muestran que la descarbonización de la sanidad puede avanzar de forma compatible con la equidad y la ampliación del acceso a la atención médica esencial, siempre que las estrategias se orienten a reducir el consumo sanitario innecesario y especialmente intensivo en carbono.
Huella climática
Los sistemas de salud se han convertido en un actor relevante dentro del debate climático global. Según recuerdan los investigadores, la atención sanitaria genera más de 2.200 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año en todo el mundo. Si el sector sanitario fuera un país, se situaría entre los cinco mayores emisores de gases de efecto invernadero del planeta.
Esta realidad ha impulsado que más de 90 países se hayan comprometido a desarrollar sistemas sanitarios sostenibles y alineados con los objetivos climáticos internacionales. Sin embargo, hasta ahora la mayoría de los estudios se habían centrado en calcular las emisiones totales o medias de los sistemas sanitarios nacionales, sin analizar quiénes son realmente los responsables de esas emisiones dentro de cada país.
Para cubrir ese vacío, los investigadores combinaron encuestas de gasto de los hogares, estadísticas nacionales de gasto sanitario y modelos económicos internacionales que permiten rastrear las emisiones asociadas a bienes y servicios sanitarios a lo largo de toda la cadena de suministro. El análisis abarcó más del 90% de la población mundial y permitió identificar cómo se distribuyen las emisiones entre distintos grupos de ingresos y niveles de consumo sanitario.
Las emisiones se concentran en una minoría
En 2017, el 1% de los mayores consumidores de atención médica registró una huella de carbono sanitaria de 2.857 kilogramos de CO₂ equivalente por persona. Esta cifra supera en más de ocho veces la media mundial y es casi 66 veces superior a la correspondiente a la mitad de la población con menor gasto sanitario.
Los autores detectaron además importantes diferencias entre países. Las naciones de altos ingresos continúan siendo las principales responsables de las emisiones sanitarias globales, pero los países de renta media-alta están experimentando un rápido crecimiento. Entre 2005 y 2017, las emisiones sanitarias de este grupo de países pasaron de 181 millones a 760 millones de toneladas de CO₂ equivalente, lo que supone más que cuadruplicar su contribución en poco más de una década.
Aunque las poblaciones con menores ingresos generan una fracción muy reducida de las emisiones, son precisamente las que siguen afrontando mayores dificultades para acceder a servicios sanitarios básicos. Según los investigadores, esta paradoja pone de manifiesto que los objetivos de sostenibilidad deben ir acompañados de políticas que garanticen el acceso universal a la atención médica.
En este sentido, uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que no todo el gasto sanitario tiene el mismo impacto climático. Observaron que los incrementos de gasto entre los grupos que más consumen atención médica suelen concentrarse en bienes y servicios con emisiones marginales especialmente elevadas. Entre ellos figuran determinadas pruebas diagnósticas, procedimientos repetitivos, hospitalizaciones evitables o tratamientos que aportan beneficios limitados para la salud en comparación con sus costes económicos y ambientales.
La investigación apunta a que parte de este fenómeno puede estar relacionado con dinámicas presentes en numerosos sistemas sanitarios, como la realización de pruebas redundantes, la utilización excesiva de tecnología médica o la demanda de procedimientos de escaso valor clínico. Los autores consideran que reducir el sobreuso sanitario representa una oportunidad especialmente relevante para avanzar simultáneamente en los objetivos climáticos y de eficiencia del sistema.
Uno de los mensajes clave del trabajo es que la expansión de la cobertura sanitaria universal no tiene por qué entrar en conflicto con los objetivos de reducción de emisiones. Los análisis realizados muestran que ampliar el acceso a los servicios esenciales entre las poblaciones con menores ingresos produciría incrementos relativamente modestos de las emisiones, mientras que los beneficios para la salud serían muy elevados. Por el contrario, actuar sobre el consumo excesivo de atención sanitaria entre los grupos de mayor gasto permitiría obtener reducciones sustanciales de la huella de carbono.
Según las simulaciones realizadas por los investigadores, las políticas dirigidas a limitar el uso excesivo de servicios sanitarios intensivos en carbono entre el 10% y el 20% de la población con mayores niveles de gasto podrían reducir entre un 25% y un 40% las emisiones asociadas a la atención sanitaria. Además, estas medidas podrían contribuir a disminuir costes económicos sin deteriorar los resultados en salud.
La sostenibilidad sanitaria
En el estudio los autores defienden que la descarbonización del sector sanitario no debe centrarse únicamente en la incorporación de tecnologías limpias o en la mejora de la eficiencia energética de hospitales y centros de salud. Aunque estas medidas siguen siendo fundamentales, consideran necesario prestar mayor atención al comportamiento de la demanda y a los patrones de utilización de los servicios sanitarios.
Entre las posibles actuaciones proponen introducir sistemas de etiquetado de carbono para determinados servicios, reformar incentivos económicos que favorezcan el consumo innecesario y promover alternativas asistenciales de menor impacto ambiental cuando ofrezcan resultados clínicos equivalentes.
La investigación concluye que una transición ecológica justa en el ámbito sanitario exige reconocer las desigualdades existentes dentro de los propios países. Lejos de plantear restricciones generalizadas al acceso a la atención médica, los resultados sugieren que una parte importante de las emisiones podría reducirse actuando sobre una fracción relativamente pequeña de la población que concentra el mayor consumo sanitario.
