Europa afronta un momento decisivo en materia de salud. La combinación de envejecimiento poblacional, incremento de las enfermedades crónicas y presión presupuestaria amenaza la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. En este contexto, resulta imprescindible abandonar la visión cortoplacista que reduce la innovación sanitaria a un gasto y adoptar un enfoque más estratégico: invertir en salud es invertir en prosperidad, competitividad y bienestar social.
La evidencia económica es contundente. La pérdida de salud es uno de los principales motores de pérdida de productividad en los países desarrollados. Patologías tan prevalentes como la depresión suponen más de 6.000 millones de euros anuales en España, de los que alrededor del 80% corresponden a costes indirectos por absentismo laboral. En nuestro país cada día 1,5 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo por incapacidad temporal, de los cuales más del 80% son por una baja médica. Como consecuencia, se pierden 95 horas de trabajo por persona al año, lo que tiene unas implicaciones económicas de entre 3 y 3.5 puntos del PIB, esto es, unos 45.000 millones de euros perdidos sin productividad. Más que toda la inversión en I+D del país.
A ello se suma un dato revelador: el 73% del aumento de la esperanza de vida en las últimas décadas se debe directamente a la adopción de nuevos medicamentos. La innovación terapéutica no solo extiende la vida, sino que mejora su calidad y reduce costes sanitarios asociados a hospitalizaciones, progresiones y complicaciones. En cáncer, por ejemplo, los nuevos tratamientos han logrado reducir un 30% la mortalidad en España, y entre 1999 y 2016 evitaron más de 42.000 muertes. Los avances en mieloma múltiple, donde la supervivencia ha pasado de 2 a más de 10 años, o los progresos en terapias CAR T, son reflejo de una revolución biomédica sin precedentes.
Estas cifras deberían situar la inversión en medicamentos innovadores en la categoría de inversiones estratégicas. De hecho, según analistas financieros, cada euro invertido en investigación sanitaria genera 1,6 euros de valor añadido para la economía, de forma directa, indirecta e inducida. Más aún: los estudios estiman que cada euro invertido en medicamentos genera entre 2,3 y 7,2 euros de ahorro neto en gasto sanitario directo. La innovación no es solo buena para los pacientes; es buena para la economía, para la productividad y para la sostenibilidad del sistema.
Por eso resulta alarmante que España siga destinando solo un 6,5% del PIB a sanidad, muy por debajo de Alemania (cerca del 10%) o Francia, y por debajo incluso de la media europea. Acercar nuestro nivel de inversión al estándar europeo podría inyectar más de 15.000 millones de euros adicionales al sistema sanitario, recursos imprescindibles para garantizar un modelo innovador, sostenible, resiliente y equitativo.
Pero la inversión, por sí sola, no basta. España posee fortalezas extraordinarias en innovación biomédica: talento científico, un ecosistema sanitario moderno y hospitales y universidades que figuran entre los más avanzados de Europa. Nuestro país es reconocido como uno de los líderes mundiales en ensayos clínicos, solo por detrás de Estados Unidos, China y Japón, gracias a la colaboración activa entre profesionales sanitarios, pacientes, administraciones y la industria.
“Los avances en mieloma múltiple, donde la supervivencia ha pasado de 2 a más de 10 años, o los progresos en terapias CART, son reflejo de una revolución biomédica sin precedentes”
Ejemplo de ello son las cifras que aportamos en Johnson & Johnson España: 186 ensayos clínicos activos en 52 enfermedades, el 60% de ellos en oncología y hematología, en colaboración con 100 hospitales, 300 investigadores y más de 4.500 pacientes incluidos en investigación. Este esfuerzo conjunto no solo acelera la disponibilidad de nuevas terapias, sino que convierte a los hospitales en centros de excelencia, atrae inversión, refuerza el prestigio científico del país y genera un impacto directo en la calidad asistencial.
Uno de los principales desafíos del sistema sigue siendo la velocidad de acceso a la innovación. Aunque se han logrado avances, el tiempo medio para financiar un nuevo medicamento en España ronda los 616 días, lejos de los plazos que marcan otros países europeos y muy por encima de los 180 días que establece la propia regulación nacional. La consecuencia es evidente: se frena el acceso de los pacientes a tratamientos que podrían cambiar su pronóstico. Además, más de la mitad de los medicamentos financiados lo hacen con acceso restringido frente a lo establecido en su ficha técnica.
La solución exige reformas estructurales que pasan por agilizar los procesos regulatorios, eliminando duplicidades y evitando reevaluaciones innecesarias, fortalecer el papel de la Comisión Interministerial de Precios como garante del acceso equitativo, incorporar evaluación basada en resultados en vida real, imprescindible en terapias con alta innovación e impulsar alianzas público privadas que permitan compartir riesgos, generar evidencia y acelerar la adopción de tecnologías transformadoras.
Otro vector clave es la medicina personalizada y las terapias avanzadas. Más del 30% de los nuevos tratamientos oncológicos ya son terapias dirigidas, y uno de cada tres fármacos aprobados por EMA desde 2015 se asocia a biomarcadores. Su impacto es tangible: pacientes con mutaciones de mal pronóstico, que antes no tenían opciones, hoy duplican o triplican la supervivencia gracias a tratamientos específicamente desarrollados para ellos. Así, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, la identificación de mutaciones como EGFR o las inserciones del exón 20 ha permitido que subgrupos de pacientes con un pronóstico anteriormente desfavorable accedan hoy a terapias que duplican o incluso triplican la supervivencia, con perfiles de tolerabilidad muy superiores a los tratamientos convencionales.
Pero esta revolución exige un sistema capaz de acompañarla: acceso a diagnóstico molecular avanzado, infraestructuras para terapias individualizadas, integración de datos clínicos y una financiación acorde con el valor aportado. Sin ello, corremos el riesgo de limitar el impacto real de la ciencia.
Es esencial reconocer la dimensión social de la innovación: el medicamento actúa como vehículo de equidad, solidaridad y humanización. El medicamento es capaz de ser una herramienta esencial para la reducción de desigualdades. Pensemos en lo que han supuesto los medicamentos antipalúdicos en países en desarrollo. Pero también en lo que han significado los tratamientos frente al VIH en nuestro entorno, y la reducción del estigma y la discriminación que representan.
La historia de la innovación biomédica puede verse como una gran epopeya, un propósito que se desarrolla a lo largo del tiempo con un objetivo claro: resolver las necesidades médicas no atendidas y combatir las enfermedades que afligen a la humanidad. La innovación no solo cura: permite vidas más plenas, más productivas y más dignas, y contribuye a una economía más dinámica y resiliente.
España tiene la oportunidad de situarse entre los países líderes en salud e innovación. Pero para lograrlo necesitamos una política sanitaria que mire más allá del presupuesto anual, que entienda la salud como motor económico y que reconozca el valor estratégico de la innovación y su poder transformador. Si queremos un país más productivo, más competitivo y más justo, invertir en salud no es una opción: es una obligación con nuestro futuro.
*David Beas es director de Government Affairs y Market Access de Johnson & Johnson Innovative Medicine.
