El Real Decreto 5/2000 y normas sucesivas que incidían en el control del gasto farmacéutico cercenando el desarrollo de la farmacia comunitaria ha sido siempre una norma injusta. En su día, la necesidad de control y disminución del gasto farmacéutico sí que tenía razón de ser y así lo entendieron las farmacias. Su colaboración, pese a que se golpeaba la línea de flotación de algunos establecimientos ha sido innegable en todo este tiempo. Pero una cosa es colaborar en el sostenimiento del sistema y otra muy distinta es soportar el peso de la sostenibilidad. De ahí que las palabras del presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González, pueden servir para enarbolar la lucha contra una realidad que de coyuntural no tiene nada.
González ha insistido desde que llegó al cargo en el COFM en señalar esa injusticia y la comprometida situación por la que atraviesan muchas farmacias. Lo ha mantenido como uno de sus mantras mientras el foco de las reivindicaciones del sector se ponían en otras cuestiones. El problema es que el presidente del COF de Madrid no ha tenido el suficiente apoyo como para conseguir que el mensaje llegue con la fuerza necesaria. De ahí que resulte fundamental que la profesión haga suya esa reivindicación y de una manera ordenada, desde las instancias adecuadas, se busque revertir la situación con la efectividad que otorga la unidad del sector. Debatir las propuestas, elegir los interlocutores y actuar en consecuencia con una sola voz.
El futuro de la farmacia está comprometido por el ahogamiento que supone el RD 5/2000 y sucesores. Sostenibilidad sí, pero no a costa de comprometer a la farmacia.