La reciente aprobación de la Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) ha supuesto un hito regulatorio con múltiples aristas, pero uno de sus aspectos más celebrados —y con razón— ha sido el reconocimiento legal de la innovación incremental en el ámbito farmacéutico.
Esta medida, largamente esperada por la industria, representa una victoria estratégica para Farmaindustria y, en general, para todo el ecosistema biomédico nacional.
"la innovación incremental se reconoce como una categoría legítima y valiosa, quedando exenta del sistema de precios de referencia"
Hasta ahora, las mejoras sobre medicamentos ya existentes —ya fuera una nueva formulación, una vía de administración más segura o una presentación que facilite la adherencia del paciente— no obtenían un tratamiento diferenciado en el sistema de precios.
La entrada en vigor de esta disposición cambia ese paradigma: la innovación incremental se reconoce como una categoría legítima y valiosa, quedando exenta del sistema de precios de referencia. En otras palabras, por fin se estimula no solo la innovación radical, sino también aquella que mejora de manera concreta la vida de los pacientes y la sostenibilidad del sistema sanitario.
Esfuerzo técnico
Este avance no ha llegado por inercia. Ha sido el resultado de un trabajo técnico y político eficaz por parte de Farmaindustria, que ha sabido identificar el momento, articular un discurso coherente y construir los apoyos necesarios para que esta disposición se incorporase al articulado legal, aun tratándose de una enmienda de contenido claramente sectorial dentro de una norma centrada en salud pública. Pero en esta ocasión, como en tantos asuntos sanitarios, el bien común es el bien del sector. Las compañías pueden reforzar asi su tejido industrial y productivo, lo que afecta de manera especial a compañías medianas o españolas.
"Las compañías pueden reforzar asi su tejido industrial y productivo, lo que afecta de manera especial a compañías medianas o españolas"
Incluso aceptando que ha sido una “enmienda intrusa” conviene destacar que la historia legislativa está llena de reformas útiles nacidas al calor de grandes leyes estructurales. En este caso, el resultado final es una política pública acertada, de alto valor añadido para el tejido industrial español, especialmente para las compañías medianas que sostienen una parte relevante de la inversión y el empleo en I+D biomédica. Es una muestra de un diálogo que el ministerio de sanidad ha facilitado en ocasiones de la mano de su cúpula, reconocido por el propio sector.
Medicamentos veterinarios
Ahora bien, no todos los aspectos de la nueva ley han generado entusiasmo unánime. El artículo relativo a la cesión directa de medicamentos veterinarios por parte de los propios veterinarios durante el acto clínico, aunque bien intencionado desde una lógica de atención integral y proximidad, ha encendido las alarmas en el seno de la profesión farmacéutica.
El motivo es claro: esta medida altera el equilibrio profesional entre prescripción y dispensación, y puede abrir una brecha en la trazabilidad del medicamento veterinario. Además, existe el temor fundado de que afecte negativamente a la ya precaria rentabilidad de muchas farmacias rurales, para las cuales el canal veterinario constituye un ingreso estable y regulado.
No se trata de oponerse frontalmente, sino de exigir claridad jurídica, garantía de trazabilidad y coherencia con el modelo de farmacia que vertebra la asistencia farmacéutica en España. Los farmacéuticos, a través de su Consejo General, han dejado clara su inquietud y estarán vigilantes durante el desarrollo reglamentario y, especialmente, en el marco de la futura Ley de Medicamentos que se avecina.
En definitiva, estamos ante una ley trascendente que, en lo relativo a la innovación incremental, marca un antes y un después en la política farmacéutica nacional. Un paso firme hacia un modelo que valora la mejora constante y no solo las importantes innovaciones disruptivas, en línea con lo que ocurre en los países más avanzados. Al mismo tiempo, abre frentes de debate —como el del medicamento veterinario— que deberán abordarse con sensatez, diálogo y rigor técnico.
