El Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios ha superado un primer obstáculo importante: ya cuenta con la aprobación del Consejo de Ministros y ha iniciado su recorrido parlamentario. No es un trámite menor. El texto deja atrás la fase de anteproyecto y comienza ahora el camino que determinará si España contará con una nueva ley o si la reforma quedará, finalmente, sin culminar.
El paso decisivo, sin embargo, todavía está por llegar. Será el Congreso de los Diputados, y posteriormente el Senado, quienes decidirán el futuro de una norma llamada a sustituir el marco regulatorio vigente desde 2015. En ese recorrido podrán presentarse enmiendas, modificarse parte de su contenido e, incluso, impedir que llegue a convertirse en ley.
Precisamente por ello, la tramitación parlamentaria adquiere ahora un protagonismo absoluto. El propio PSOE expresó a este medio su confianza en reunir los apoyos necesarios para sacar adelante una norma que considera urgente, mientras que el Partido Popular ha optado por esperar a conocer en detalle el texto antes de fijar una posición. Esa diferencia de planteamientos anticipa que la negociación parlamentaria será determinante para el resultado final.
Hasta ahora, el proceso de elaboración del proyecto ya ha incorporado cambios relevantes. Uno de los más significativos ha sido la sustitución del sistema de "precios seleccionados" por un modelo de "precios dinámicos", una modificación que coincidió con una de las principales propuestas trasladadas por el sector farmacéutico en su conjunto. El texto que ahora llega a las Cortes también incorpora medidas para reforzar la gestión de los desabastecimientos, nuevas fórmulas de financiación de medicamentos, cambios en la dispensación y una actualización de las competencias de distintos profesionales sanitarios.
Corresponderá ahora a los grupos parlamentarios decidir si mantienen, modifican o amplían estas medidas. Ese es, precisamente, el valor de la fase que comienza: el debate deja de producirse únicamente entre Sanidad y los distintos agentes del sector para trasladarse al ámbito parlamentario, donde deberá buscarse una mayoría suficiente para sacar adelante una de las reformas sanitarias de mayor calado de los últimos años.
La necesidad de actualizar una legislación con más de una década de vigencia ha sido uno de los argumentos defendidos por el Ministerio de Sanidad para impulsar esta reforma. Ahora, será el Parlamento quien determine hasta qué punto ese objetivo se traduce en una nueva ley.
