La Directiva de Aguas Residuales, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el pasado 12 de diciembre, lleva tiempo generando malestar en el seno del sector de la industria farmacéutica y del autocuidado. Uno de los puntos más críticos es que establece que la contribución a la financiación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) “debe ser proporcional a la cantidad de sustancias puestas en el mercado por los productores, así como por la peligrosidad de las mismas”.
Ante esta situación, la patronal de la industria farmacéutica europea, EFPIA, y Medicines for Europe, se han movilizado y han presentado un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (UE) para impugnar las obligaciones de la RAP de la directiva, porque creen que "la Directiva va en contra de principios clave de los Tratados de la UE: quien contamina paga, proporcionalidad y no discriminación”. La Asociación de la Industria Europea del Autocuidado de la Salud (AESGP, por sus siglas en inglés), de momento, ha anunciado que está estudiando “formas de apoyar sus acciones legales”.
Si bien es innegable la necesidad de abordar la problemática, el enfoque adoptado por la directiva podría hacer que Europa resulte menos atractiva para las inversiones en innovación biomédica en un momento en el que Estados Unidos y China son líderes. Tanto a la industria farmacéutica como al sector del autocuidado le preocupan conocer el alcance real de los requerimientos de la directiva en relación con la RAP.
El hecho de que se desconozca el número de plantas de tratamiento de aguas en las que deben implementarse filtros cuaternarios, así como el coste que supondrá la implementación de los mismos en cuanto a infraestructuras o tecnologías les inquieta mucho. Las estimaciones realizadas por la Comisión Europea sobre el coste del tratamiento cuaternario de las aguas alcanzan los 238 millones de euros. Sin embargo, la Agencia de Medio Ambiente de Alemania estimó que dicho coste oscilaba entre 885 y 1.025 millones de euros anuales.
Para solventar la situación, ambos sectores están pidiendo a Europa y a las autoridades nacionales que garanticen que todas las sustancias que contribuyen a la contaminación por microcontaminantes se incluyan cuando la directiva se transponga a la legislación nacional. En España, las tres patronales más importantes del sector, Farmaindustria, anefp y la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), están trabajando conjuntamente, y con los ministerios de Transición Ecológica e Industria, para presentar sus alegaciones a la directiva. La misión del viejo continente, en este momento, es escuchar atentamente los argumentos del sector para llegar a un acuerdo. Se abre así un debate que debería servir para ajustar la normativa, pero sin imponer cargas desproporcionadas a una industria que es clave para la salud pública.
