El sector en su conjunto lleva mucho tiempo esperando una señal clara sobre la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, y esa señal parece estar, por fin, más cerca de concretarse. Tras el veredicto del del Consejo de Estado, al que se acaba de remitir el texto, el Gobierno de España podrá elevar de nuevo el Anteproyecto al Consejo de Ministros para su aprobación en segunda vuelta, un paso decisivo que cerrará la fase gubernamental y permitirá su transformación formal en Proyecto de Ley. A partir de ese momento, la norma entrará en la fase parlamentaria, donde el Congreso de los Diputados y el Senado asumirán el protagonismo mediante enmiendas, debates y negociaciones que definirán el alcance final de una reforma llamada a sustituir el marco regulatorio vigente desde 2015 y a reconfigurar elementos estructurales del sistema farmacéutico español.
El recorrido de esta reforma ha sido largo y complejo. El primer impulso llegó el 8 de abril de 2025, cuando el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el anteproyecto, presentado como una modernización integral del sistema farmacéutico, orientada a agilizar la incorporación de la innovación, reforzar la autonomía estratégica y actualizar la regulación del medicamento. Apenas un día después, el Ministerio de Sanidad abrió el trámite de audiencia pública, en el que participaron industria, distribuidores, CCAA, profesionales y pacientes. La amplitud del proceso obligó incluso a ampliar los plazos iniciales de alegaciones, en un contexto marcado por un texto de enorme densidad técnica (146 artículos y 22 disposiciones adicionales) que evidenciaba su calado.
A medida que avanzaba la tramitación, el proceso fue perdiendo previsibilidad y ganando incertidumbre política. En octubre de 2025, el director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, César Hernández, reconocía públicamente la magnitud del trabajo acumulado, con miles de aportaciones técnicas y un gran volumen de alegaciones procedentes de todos los actores del sistema. Meses después, el propio Hernández llegó a plantear en un foro si la norma podía prosperar en un “Parlamento complejo” o si requería esperar un contexto más favorable, una reflexión que sintetizaba las dudas sobre la viabilidad política de una reforma de esta envergadura en un escenario parlamentario fragmentado.
No obstante, el Ejecutivo ha mantenido la voluntad política de sacar adelante la norma. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, situó en el pasado mes de abril el proyecto en una fase avanzada de revisión previa a su envío al Consejo de Estado y apuntó a “antes del verano” como el momento plausible para su aprobación en Consejo de Ministros. Este mensaje ha sido acompañado por la inclusión de la ley en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2026, lo que refuerza su continuidad en la agenda legislativa del Gobierno.
En este punto del proceso, la Ley de los Medicamentos entra en su fase más determinante. Si el dictamen del Consejo de Estado es favorable y el Consejo de Ministros aprueba la segunda vuelta en los términos previstos, la norma iniciará su tramitación parlamentaria, donde se concentrará el verdadero pulso político de la reforma. Será en ese espacio donde se definirá hasta qué punto el texto puede mantener su ambición original o deberá adaptarse a las mayorías posibles en las Cortes Generales. Sin embargo, la complejidad de su elaboración, las tensiones y los ajustes estratégicos de los últimos meses anticipan una negociación intensa, en la que cada artículo podrá convertirse en objeto de debate.
