La semana comenzó con una buena noticia en el ámbito de las farmacias comunitarias: los datos del CiSMED, elaborados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, indican que las farmacias españolas registraron alrededor de 101 millones de alertas de suministro, lo que supone una disminución significativa con respecto a 2024, con 117 millones, y, sobre todo, a 2023, con 200 millones y medio. Además, de los 207 fármacos con problemas de este tipo (285 en 2024 y 475 en 2023), únicamente el 6% no eran sustituibles.
En términos generales, esto significa que se han reducido las incidencias de suministro de fármacos. Esto siempre es una buena noticia, no solo para las farmacias, sino para la población en general, dado que, de esta forma, la accesibilidad a los tratamientos, y, por ende, la adherencia terapéutica, se mejoran. El buen hacer de las farmacias españolas se hace, pues, notar, ya que, aunque las oficinas comunitarias no son las responsables de la falta de algún medicamento, sí que ayudan a paliar sus efectos.
En este sentido, más de la mitad de las farmacias comunitarias españolas, 13.400 de las más de 22.000, han demostrado su compromiso notificando incidencias de suministro para acelerar la respuesta. Cabe, por tanto, hacer un llamamiento a las autoridades competentes para que este problema estructural, aunque se vaya reduciendo, se solvente y no recaiga en los farmacéuticos, que son, al fin y al cabo, los profesionales sanitarios con un contacto más directo con los pacientes.
El final de la semana, por su parte, ha estado protagonizado por la publicación del Real Decreto de financiación de productos sanitarios, un avance normativo que cumple “una demanda histórica” de la profesión, según el Consejo General. El texto ha incorporado “aspectos fundamentales” que llevan años siendo reclamados por el sector, como la posibilidad de autorizar nuevos productos sanitarios en la prestación pública del Sistema Nacional de Salud, los márgenes profesionales de las actividades de distribución y dispensación o, y en relación con los problemas de suministro, la competencia del farmacéutico para sustituir excepcionalmente, por causas de desabastecimiento, productos sanitarios por otros de características similares.
Cualquier avance normativo que incluya peticiones realizadas por el sector es un paso adelante para una profesión crucial para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y para garantizar el acceso a los medicamentos para los pacientes. No se entiende la sanidad española sin la Farmacia y, así, siempre es de celebrar que sea escuchada en el ámbito político, y más, como en este caso, cuando su voz viene de lejos.
Sin Farmacia no hay salud y sin farmacias no hay acceso equitativo y universal a los medicamentos. Y, aunque todavía quedan reformas y leyes en el tintero, parece que el relato farmacéutico de 2026 ha empezado a escribirse con buena letra.
