La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha dado un paso decisivo al aprobar una modificación legal que protege la confidencialidad de los acuerdos de financiación y de los precios de adjudicación de los medicamentos y productos sanitarios adquiridos por las administraciones públicas. La medida, incorporada mediante la transaccional 5 pactada por el PSOE, PP y Sumar dentro de la tramitación de la Proposición de Ley sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud, abre un debate que va mucho más allá: el equilibrio entre transparencia, acceso a la innovación y autonomía estratégica del sistema sanitario.
La reforma modifica el artículo 97 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios para establecer que “los acuerdos de financiación que se alcancen, así como la información derivada de los mismos o de su aplicación, incluyendo los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones públicas, tendrán carácter confidencial”. Esta protección, sin embargo, no implica opacidad. La propia norma incorpora límites claros: la confidencialidad no impedirá el acceso a la información por parte de autoridades de competencia, organismos supervisores del mercado, órganos de inspección o unidades administrativas con competencias en el ámbito farmacéutico y sanitario. Además, Sanidad deberá seguir ofreciendo información pública sobre la financiación de los medicamentos y datos agregados sobre el gasto farmacéutico.
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido esta posición con claridad en el pasado. “Esto no va de proteger a la empresa comercializadora, sino de preservar la posición española para poder garantizar el acceso de los pacientes a los tratamientos”, admitió. Esa es la clave del debate. La confidencialidad del precio neto no debe entenderse como una concesión a la industria farmacéutica, sino como una herramienta para que la Administración pueda negociar en un entorno internacional cada vez más complejo. Como señaló Padilla en uno de sus artículos, “la confidencialidad de precio es una medida de protección a los pacientes y a las pacientes que necesitan que los tratamientos innovadores estén disponibles”.
La discusión llega en un momento marcado por las tensiones geopolítica, como las impulsadas por EEUU con aspectos como la denominada cláusula de Nación Más Favorecida (MFN) o los aranceles. Este nuevo escenario puede alterar las estrategias globales de comercialización de medicamentos y aumentar la presión sobre los países europeos en la negociación de precios.
Y España no queda al margen de esta realidad. En un escenario de importante presión geopolítica, hacer públicos estos datos mientras otros países los guardan con celo puede resultar una desventaja competitiva que, lejos de perjudicar al paciente, jugará en su contra. Como explicó Padilla, “el precio de España es usado como referencia (directa o indirecta) por alguno de esos países, de modo que actúa todo en cascada”.
