La Directiva de Aguas Residuales, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el pasado 12 de diciembre, lleva tiempo generando malestar en el seno del sector de la industria farmacéutica y del autocuidado. Uno de los puntos más críticos es que establece que la contribución a la financiación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) “debe ser proporcional a la cantidad de sustancias puestas en el mercado por los productores, así como por la peligrosidad de las mismas”.
Ante esta situación, la patronal de la industria farmacéutica europea, EFPIA, Medicines for Europe, AESGP, se movilizaron el pasado mes de marzo y presentaron un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (UE) para impugnar las obligaciones de la RAP de la directiva, porque creen que "la Directiva va en contra de principios clave de los Tratados de la UE: quien contamina paga, proporcionalidad y no discriminación”. Por su parte, la Asociación de la Industria Europea del Autocuidado de la Salud (AESGP, por sus siglas en inglés), anunció que estaba estudiando “formas de apoyar sus acciones legales”.
Meses después de aquello, las tres patronales han vuelto a la carga para criticar la falta de transparencia en el estudio que está llevando a cabo la Comisión Europea sobre los costes asociados a la implementación de mejoras de tratamiento de nivel cuaternario. En este punto, subrayan que no se han aprendido las lecciones y que no han sido consultadas para un estudio que tiene como objetivo evaluar el impacto en los sectores afectados. "Esta omisión incomprensible aumenta nuestra profunda preocupación por el enfoque de la Comisión, que ignora las reiteradas solicitudes y recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea de garantizar una evaluación completa y transparente, y no solo un estudio actualizado", sostienen las patronales. "Esta falta de participación socava la transparencia y la credibilidad del proceso", añaden.
En España, Farmaindustria solicita a la Comisión Europea un análisis exhaustivo de todos aquellos sectores que puedan contribuir a la contaminación de las aguas residuales y que, por tanto, deban asumir el coste del tratamiento de depuración, en virtud de los principios consagrados por el derecho comunitario de no discriminación y de “quien contamina paga”.
Si bien es innegable la necesidad de abordar la problemática, el enfoque adoptado por la directiva podría hacer que Europa resulte menos atractiva para las inversiones en innovación biomédica en un momento en el que Estados Unidos y China son líderes. Tanto a la industria farmacéutica como al sector del autocuidado le preocupan conocer el alcance real de los requerimientos de la directiva en relación con la RAP. La misión del viejo continente, en este momento, es escuchar atentamente los argumentos del sector para llegar a un acuerdo. Se abre así un debate que debería servir para ajustar la normativa, pero sin imponer cargas desproporcionadas a una industria que es clave para la salud pública.
