La importancia que tienen para la Salud Pública las vacunas está fuera de toda duda. Quedó meridianamente claro durante la pandemia de la COVID-19. Todo el mundo hablaba entonces de ellas y el tema era capital en el debate político, tanto en la esfera mediática como en la parlamentaria. No se escatimaron esfuerzos y la sociedad fue plenamente consciente de que fueron un elemento capital para superar la emergencia.
Sin embargo, parece que aquellos tiempos pasaron y, aunque la inmunización es un asunto que cada vez ocupa una inversión presupuestaria mayor, aspecto lógico puesto que cada vez hay más población que las necesita, su relevancia no trasciende, al menos en igual medida. Las decisiones se toman en los despachos y en contadas ocasiones adquiere relevancia mediática si se destina más dinero público o menos a la inmunización.
Este hecho provoca que sea difícil poner sobre la mesa de la opinión pública una cuestión de primer orden, como es esta. La vacunación en adultos contra el virus respiratorio sincitial (VRS) es cuestión de meses, como avanzó EG tras conocer que la Ponencia de Vacunas elevó al Ministerio un "ambicioso" documento que colocaría a España al nivel de países como Francia o Reino Unido, donde la inmunización de los adultos contra este virus ya es una realidad, y sirve como ejemplo perfecto para ilustrar esta situación.
El informe SiVIRA, con el que el Instituto de Salud Carlos III monitoriza semana a semana la incidencia de gripe, COVID-19 y VRS, acaba de arrojar un repunte de los casos de esta última infección respiratoria, de la que actualmente se vacuna a los recién nacidos. No obstante, también provoca hospitalizaciones y complicaciones entre las poblaciones más mayores y de riesgo. No es un simple resfriado.
Si todo marcha según lo previsto, la Comisión de Salud Pública evaluará en los próximos meses el documento de la Ponencia y las CCAA tendrían todos los elementos necesarios sobre la mesa para empezar a licitar los contratos con los que hacer acopio de las vacunas que actualmente están autorizadas contra el VRS (GSK, Moderna y Pfizer). Este hito no es menor, pero a buen seguro que no será una cuestión que llame la atención a pie de calle, entre otros motivos, porque no estará entre los puntos más destacados de los órdenes del día de los plenos autonómicos.
En privado, los responsables de Salud Pública de las diferentes autonomías lamentan las escasas cotas de vacunación de los sanitarios, igual que no se explican cómo es tan difícil convencer a sus superiores de que aumenten la dotación presupuestaria para elevar las coberturas vacunales y poder inmunizar a más población. Con las externalidades positivas que estas medidas tendrían: desde limitar el avance de ciertos virus o salvaguardar la salud de los sanitarios -en materia de Salud Pública-, hasta reducir las bajas laborales y costes ligados a la enfermedad de los trabajadores -en el plano estrictamente económico-.
Si las recomendaciones vacunales fueran objeto de debates parlamentarios, seguramente sería más fácil que la reclamación de los expertos en Salud Pública, que no es otra que aumentar la educación para, en consecuencia, ampliar los niveles de cobertura, calase más. Y, de paso, quizá nos diéramos cuenta todos de que el dinero público destinado a la compra de vacunas, más que un gasto, es una inversión.
