Hay tradiciones colegiales que parecen tan sólidas como la propia farmacia española. Una de ellas es que, cuando una candidatura pierde unas elecciones importantes, especialmente si llevaba años convencida de su victoria moral, aparece inevitablemente el recurso contra el voto por correo. No falla. Es casi tan previsible como las discusiones sobre márgenes o las guerras por los descuentos. La democracia corporativa, al parecer, solo es plenamente impecable cuando gana uno mismo.
Las recientes elecciones del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia han vuelto a poner sobre la mesa un fenómeno que ya vimos en las elecciones del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra en 2018, con pocas garantías y en las del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid en 2022, donde la anulación de más de 100 votos hizo un ganador por 24 votos. Los tres procesos presentan un denominador común extraordinariamente revelador: nadie recurrió previamente la normativa electoral; nadie impugnó el procedimiento antes de votar; ni rechazó el acta de la mesa electoral en la noche de las elecciones, salvo poner alguna objeción y reservarse el derecho a recurrir. El recurso aparece después. Siempre después. Y siempre por parte de quienes han perdido.
El motivo también suele ser idéntico: el voto por correo.
Se diría que el voto por correo es una criatura misteriosa, sospechosa y casi sobrenatural que solo revela sus defectos cuando los resultados no son favorables. Mientras el sistema parece beneficiar a una candidatura, reina el silencio. Cuando los números no salen, entonces surgen de repente las interpretaciones jurídicas, las dudas procedimentales y las apelaciones a la pureza democrática. Qué curiosa coincidencia. Los seres humanos tienen una capacidad prodigiosa para descubrir irregularidades justo después de conocer el resultado.
En Valencia, precisamente, se había diseñado uno de los sistemas más garantistas que probablemente se recuerdan en unas elecciones colegiales. Los votos debían remitirse a una notaría mediante correo certificado. El notario daba fe de la recepción de todos ellos. El único resquicio interpretativo ha terminado siendo si varios votos podían remitirse agrupados en un mismo certificado postal. Y, aun así, el fedatario acredita que todos los votos recibidos llegaron certificados. Es decir, existe trazabilidad, constancia documental y control notarial. Pero el recurso ha llegado igualmente.
La cuestión esencial no es jurídica, sino política y casi psicológica. ¿Por qué se acepta el procedimiento antes de votar? ¿Por qué se acepta el escrutinio? ¿Por qué se acepta el acta de la mesa electoral? ¿Y por qué el recurso aparece únicamente cuando ya se sabe quién ha ganado?
La respuesta probablemente sea bastante menos noble de lo que aparenta el lenguaje solemne de los escritos jurídicos. Muchos de estos recursos no parecen dirigidos realmente a obtener la nulidad electoral, sino a justificar la derrota ante los propios partidarios. Se construye así un relato de resistencia: “No hemos perdido políticamente; hemos sido víctimas de irregularidades”. Es una fórmula antigua, muy humana y bastante eficaz para mantener cohesionada a una minoría decepcionada. El problema es que casi nunca cambia el resultado.
La experiencia demuestra además otro hecho práctico incontestable. El equipo ganador toma posesión. La mesa electoral cesa en sus funciones. Los recursos avanzan lentamente por los cauces administrativos o judiciales, a veces durante años. Y cuando finalmente existe una resolución firme, muchas veces el mandato está prácticamente agotado o incluso ya se han celebrado nuevas elecciones. Entretanto, el colegio sigue funcionando y la legitimidad efectiva la conserva quien obtuvo más votos.
Hay algo profundamente poco elegante en aceptar las reglas mientras uno cree que va a ganar y descubrir después defectos insalvables en esas mismas reglas. En democracia colegial, como en casi todo, las normas deben discutirse antes del partido, no cuando el árbitro ya ha pitado el final. Porque, al final, el problema no suele ser el voto por correo. El problema es el voto. Es decir, que voten más colegiados al ganador de los que algunos esperaban y que esos votos no coincidan con sus previsiones. Terrible anomalía democrática, ciertamente.
*Enrique Granda es académico correspondiente de las Reales Academias de Cataluña y Nacional de Farmacia.
