En el sistema sanitario español se ha instalado desde hace años una curiosa paradoja: cuantas más competencias se atribuyen a la farmacia hospitalaria, más insiste ésta en reclamar nuevas prerrogativas, más recursos y más exclusividades. Y, en ese proceso expansivo, una de las primeras víctimas ha sido la formulación magistral en oficinas de farmacia, pese a que la normativa vigente establece con claridad que ambas estructuras sanitarias comparten las mismas obligaciones técnicas.
El Real Decreto 175/2001, que aprueba las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales, no distingue en lo esencial entre farmacia hospitalaria y farmacia comunitaria. Ambas están sometidas a las mismas exigencias técnicas: cualificación del personal, condiciones de los locales, control de materias primas, documentación del proceso, garantía de calidad y responsabilidad directa del farmacéutico en la preparación.
La razón es evidente: la formulación magistral no depende del lugar donde se realiza, sino del cumplimiento de las normas técnicas que garantizan su calidad. Desde el punto de vista profesional, la ley reconoce una misma competencia farmacéutica para elaborar medicamentos individualizados, ya sea en un hospital o en una oficina de farmacia.
Sin embargo, en los últimos años se ha producido una tendencia preocupante: determinadas sociedades científicas de farmacia hospitalaria han promovido activamente la concentración de funciones en el ámbito hospitalario, incluso en situaciones en las que no existe justificación técnica ni sanitaria para ello.
Un ejemplo reciente lo constituye el debate sobre la formulación de preparados estandarizados de cannabis. La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ha manifestado su preocupación por la “sobrecarga asistencial” que podría suponer la aplicación de la nueva normativa y ha solicitado más recursos humanos para asumir estas tareas.
La paradoja resulta difícil de ignorar. Durante años se ha defendido que determinadas preparaciones debían quedar restringidas al ámbito hospitalario por su supuesta complejidad o necesidad de control. Pero cuando finalmente se atribuyen esas funciones al hospital, la reacción inmediata es reclamar más personal, más financiación y más estructuras.
Es decir, se pide la exclusividad… y luego se argumenta que no hay medios suficientes para ejercerla.
Mientras tanto, miles de oficinas de farmacia españolas cuentan con instalaciones, utillaje y procedimientos perfectamente adaptados a las normas de correcta elaboración. Muchas de ellas elaboran habitualmente fórmulas magistrales complejas, manipulan sustancias de estrecho margen terapéutico o dispensan medicamentos sometidos a control especial, como opioides mayores o psicotrópicos.
Desde el punto de vista técnico, estas actividades no presentan una complejidad inferior a la formulación de preparados no estériles basados en extractos estandarizados.
La formulación magistral ha sido, históricamente, una de las competencias nucleares de la profesión farmacéutica. Durante siglos se desarrolló en las boticas, bajo la responsabilidad directa del farmacéutico, con un objetivo muy claro: adaptar el medicamento a las necesidades individuales del paciente.
El modelo actual parece caminar en sentido contrario. En lugar de aprovechar la capilaridad, experiencia y proximidad al paciente de las oficinas de farmacia, se intenta concentrar cada vez más actividades en estructuras hospitalarias que, paradójicamente, reconocen no tener capacidad suficiente para asumirlas.
La cuestión, por tanto, no es técnica. La normativa ya establece las condiciones de calidad exigibles. Y estas condiciones son exactamente las mismas para todos los establecimientos farmacéuticos autorizados.
La cuestión es otra: decidir si el sistema sanitario quiere aprovechar las capacidades profesionales existentes o seguir ampliando estructuras que, una vez ampliadas, volverán a reclamar nuevos recursos.
Porque la experiencia demuestra una regla bastante constante en este ámbito: cuanto más se les da, más piden.
*Enrique Granda es académico correspondiente de las Reales Academias de Cataluña y Nacional de Farmacia
