Las cifras conocidas sobre agresiones a farmacéuticos deberían preocupar a toda la profesión. El Observatorio de Agresiones del Consejo General registró 140 agresiones durante 2025, mientras que las incidencias graves comunicadas en farmacias superaron las 2.000. Detrás de esos números hay múltiples causas, pero quizá exista una pregunta que nadie parece dispuesto a formular: ¿hasta qué punto estamos pagando las consecuencias de haber vaciado de contenido una parte esencial del ejercicio profesional farmacéutico?
Durante décadas, la farmacia española desempeñó una función asistencial que hoy muchos profesionales jóvenes apenas llegaron a conocer. El farmacéutico resolvía multitud de problemas menores de salud mediante una actuación prudente, basada en la experiencia, el conocimiento de los medicamentos y la confianza del paciente. No se trataba de una dispensación indiscriminada ni de una invasión de competencias médicas. Existían límites perfectamente asumidos por todos.
Los medicamentos que afectaban a ámbitos especialmente sensibles, como los estupefacientes, los psicotrópicos o determinadas hormonas, quedaban sometidos a controles específicos y figuraban en el libro recetario. Del mismo modo, el farmacéutico actuaba con enorme prudencia ante patologías cardiovasculares, trastornos de la coagulación, enfermedades graves o síntomas que aconsejaban una derivación inmediata al médico. Los pacientes lo comprendían y lo aceptaban con naturalidad.
Sin embargo, la Ley del Medicamento de 1990 introdujo una separación mucho más rígida entre medicamentos con y sin receta. Aquella frontera terminó afectando también a productos cuya utilización para problemas menores había formado parte de la práctica habitual durante décadas. Corticoides tópicos para picaduras de insectos, preparados para aftas bucales, numerosos tratamientos dermatológicos y otras muchas especialidades quedaron fuera del margen de actuación profesional del farmacéutico.
La intención regulatoria era comprensible. Nadie discute la necesidad de garantizar la seguridad del paciente. Lo discutible es si el resultado final produjo más beneficios que inconvenientes. Paradójicamente, desde entonces la profesión ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a buscar un nuevo espacio de desarrollo bajo el paraguas de la llamada atención farmacéutica. Han surgido servicios, programas, protocolos y nuevas denominaciones. Muchos de ellos han aportado valor. Pero también es cierto que, en ocasiones, se percibe una cierta búsqueda permanente de identidad profesional, como si la farmacia siguiera intentando recuperar un papel asistencial que antes ejercía de forma natural.
Mientras tanto, el ciudadano continúa entrando cada día en la farmacia con problemas sencillos que considera razonable resolver allí. Y cuando recibe una negativa porque la legislación impide suministrar un medicamento que durante años se utilizó para esas situaciones, la frustración aparece. A veces se traduce en incomprensión. En ocasiones, desgraciadamente, en agresividad.
Resulta significativo que, 38 años después de que un alto cargo del propio Ministerio describiera la dispensación activa como una realidad consolidada de la farmacia española, Reino Unido haya puesto en marcha Pharmacy First, un modelo que permite a los farmacéuticos intervenir protocolizadamente en procesos menores como sinusitis, otitis, impétigo, infecciones urinarias no complicadas o determinadas afecciones dermatológicas.
No se trata de copiar mecánicamente el modelo británico. Los sistemas sanitarios son diferentes. Pero sí de reflexionar sobre una paradoja evidente: mientras España restringía progresivamente la capacidad resolutiva de la Oficina de Farmacia, otros países avanzaban precisamente en la dirección contraria.
Quizá haya llegado el momento de abandonar debates estériles y plantear cuál debe ser el gran objetivo profesional de la farmacia española durante las próximas décadas. No parece que la respuesta esté en inventar nuevas etiquetas ni en multiplicar servicios de utilidad discutible, y difícilmente remunerables. Tal vez la respuesta sea mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más ambiciosa: recuperar la indicación farmacéutica responsable.
Una indicación basada en protocolos, formación, trazabilidad, interoperabilidad y evaluación. Una indicación que sepa distinguir entre lo que puede resolverse en la farmacia y lo que debe derivarse al médico. Una indicación que aproveche una red de más de 22.000 farmacias para aliviar la presión asistencial del sistema sanitario. Así lo ha puesto de manifiesto el nuevo presidente de ANEFP, Rodrigo Bonilla, en sus primeras manifestaciones, que coinciden con las de aquel subdirector de Ministerio, que era yo mismo, hace 38 años.
*Enrique Granda es académico correspondiente de las Reales Academias de Cataluña y Nacional de Farmacia
