Durante años se nos ha repetido que bajar el precio de los medicamentos era una victoria indiscutible para el Sistema Nacional de Salud. Cuanto más barato, mejor. Cuanto menos se pagara por un envase, mayor sería el ahorro público. Sin embargo, las cosas empiezan a complicarse cuando el medicamento barato deja de ser rentable y acaba desapareciendo.
Ese es el problema que llevan tiempo denunciando los fabricantes de medicamentos genéricos agrupados en AESEG. Y resulta significativo que algunas de sus preocupaciones empiecen a coincidir con las expresadas por sectores de la industria innovadora representados por Farmaindustria. No es frecuente que actores con intereses tan diferentes compartan diagnóstico. Cuando esto ocurre, conviene poner atención.
Durante años la normativa ha venido proclamando la existencia de un precio mínimo de 1,60 euros para determinados medicamentos, y el proyecto de Real Decreto de Precio y Financiación mantiene esta cifra, como si no hubieran transcurrido los años. La intención era evidente: evitar que productos esenciales quedaran atrapados en una espiral de reducciones de precio incompatible con una fabricación sostenible. Sobre el papel parecía una garantía razonable. En la práctica, el sistema de precios de referencia ha encontrado mecanismos para vaciar de contenido esa protección.
La cuestión no consiste en obligar a nadie a vender más caro. Quien quiera competir rebajando precios debe poder hacerlo. El problema aparece cuando los laboratorios que desean mantenerse en niveles compatibles con la viabilidad económica son empujados, de hecho, a abandonar la financiación pública. Ahí ya no hablamos de competencia. Hablamos de expulsión.
Hay plantas industriales que mantener, controles de calidad que superar, inspecciones regulatorias, costes energéticos, transporte, materias primas y exigencias crecientes de seguridad. Cuando el margen desaparece, las compañías reaccionan como cualquier empresa racional: dejan de invertir en esos productos y destinan sus recursos a otros más rentables.
Las consecuencias están a la vista: los medicamentos maduros, muchos de ellos esenciales para la práctica clínica cotidiana, pierden atractivo industrial. Mientras tanto, aumenta el interés por tratamientos de mayor precio.
La paradoja está servida: el sistema acaba protegiendo peor precisamente a los medicamentos que más pacientes utilizan. Y cuando desaparecen fabricantes, se reduce la competencia real o surgen problemas de suministro, descubrimos que aquel medicamento aparentemente barato tenía un valor estratégico muy superior al reflejado en su precio.
El proyecto de Real Decreto de Precio y Financiación contiene algunas señales esperanzadoras. Habla de resiliencia del Sistema Nacional de Salud, autonomía estratégica, medicamentos críticos y seguridad de suministro. Son conceptos acertados y responden a preocupaciones cada vez más presentes en toda Europa.
Pero la reforma corre el riesgo de quedarse en una declaración de buenas intenciones si no afronta la cuestión central: la existencia de un precio mínimo efectivo, no de 1,6 euros, sino de 2 o más euros porque han pasado muchos años desde que se estableció. No simbólico. No teórico. Un precio que proteja a quienes desean seguir fabricando medicamentos importantes sin verse obligados a abandonar la financiación pública. Y un precio que pueda revisarse periódicamente cuando aumenten los costes de producción, energía, transporte o materias primas.
La solución es sencilla de formular: mientras un medicamento se mantenga en ese umbral de sostenibilidad, el sistema de precios de referencia no debería seguir empujándolo hacia abajo. Porque cuando la búsqueda obsesiva del precio más bajo termina poniendo en peligro la disponibilidad de medicamentos, el ahorro deja de ser una virtud para convertirse en un problema.
*Enrique Granda es académico correspondiente de las Reales Academias de Cataluña y Nacional de Farmacia
