Tras las críticas de tres patronales de la industria farmacéutica europea —EFPIA, AESGP y Medicines for Europe— por la falta de transparencia en el estudio de la Comisión Europea sobre la Directiva de Aguas Residuales, Farmaindustria se ha pronunciado admitiendo que "es necesario un análisis real de todos aquellos sectores que puedan contribuir a la contaminación de las aguas residuales y que, por tanto, deban asumir el coste del tratamiento de depuración, en virtud de los principios consagrados por el derecho comunitario de no discriminación y de 'quien contamina paga'".
Durante la presentación del informe ‘Sostenibilidad en cifras: impacto social y medioambiental de la industria farmacéutica’, Ana Bosch, directora del Departamento Jurídico y coordinadora del área de ESG en Farmaindustria, expresó que la normativa "perjudica notablemente porque carga exclusivamente al sector farmacéutico y al de productos cosméticos todo el coste del tratamiento de aguas residuales". Asimismo, Bosch recordó que la "mayoría de las compañías del sector cuentan con planes y programas dirigidos a hacer un consumo responsable y una reducción del consumo hídrico tanto a medio como a largo plazo".
La Directiva de Aguas Residuales, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el pasado 12 de diciembre, lleva tiempo generando malestar en el seno del sector de la industria farmacéutica y del autocuidado. Uno de los puntos más críticos es que establece que la contribución a la financiación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) “debe ser proporcional a la cantidad de sustancias puestas en el mercado por los productores, así como por la peligrosidad de las mismas”. Por su parte, Juan Yermo, director general de Farmaindustria, aseguró que "los principios básicos de proporcionalidad y el principio de ‘quien contamina paga’ han quedado relegados".
Ante esta situación, la patronal de la industria farmacéutica europea, EFPIA y Medicines for Europe, se movilizaron el pasado mes de marzo y presentaron un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (UE) para impugnar las obligaciones de la RAP de la directiva, porque creen que "la Directiva va en contra de principios clave de los Tratados de la UE: quien contamina paga, proporcionalidad y no discriminación". Según Bosch, "este recurso puede ralentizar, en cierta medida, la aplicación de la directiva".
Quejas de las patronales europeas
En particular, las tres patronales europeas se quejan de que no han sido consultadas para un estudio que tiene como objetivo evaluar el impacto en los sectores afectados. "Esta omisión incomprensible aumenta nuestra profunda preocupación por el enfoque de la Comisión, que ignora las reiteradas solicitudes y recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea de garantizar una evaluación completa y transparente, y no solo un estudio actualizado", sostienen. "Esta falta de participación socava la transparencia y la credibilidad del proceso", añaden.
Las preocupaciones se centran en varios puntos clave. "Un estudio limitado a actualizar costos, corrigiendo tasas de inflación, no constituye una evaluación sectorial adecuada", sostienen. A continuación, añaden que "no evaluaría las consecuencias más amplias para los sectores y sus productos afectados". Además, indican que "parece que el estudio está siendo realizado por el mismo organismo que llevó a cabo la evaluación original, defectuosa, lo que pone en duda su independencia".
Según las tres patronales, la Directiva —adoptada en 2024— se basó en errores considerables respecto a la asignación de la carga tóxica y subestimaciones en cuanto a los costos de implementación. "Esto ha resultado en que solo dos sectores hayan sido injustamente señalados, y las empresas involucradas enfrenten costos significativamente más altos de lo previsto originalmente, afectando tanto la competitividad como la sostenibilidad de estos sectores", especifican.
Los Estados miembro también han manifestado públicamente sus preocupaciones. Francia y Alemania han pedido que se revise la directiva, Italia ha solicitado una pausa en su implementación, y Polonia ha emprendido acciones legales contra la Directiva ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El sector farmacéutico pide urgentemente a la Comisión Europea que:
- Pause la implementación del esquema de Responsabilidad Ampliada del Productor (EPR) para el tratamiento cuaternario en la UWWTD.
- Consulte a las industrias afectadas de manera transparente.
- Realice evaluaciones de impacto adecuadas sobre la carga tóxica y los costos de implementación.
- Tome todas las medidas necesarias para preservar el acceso de los pacientes y el suministro de medicamentos, y mantenga un proceso de toma de decisiones basado en evidencia científica confiable y transparente.
