La decisión de fijar los precios en función de la cláusula de nación más favorecida (MFN, por sus siglas en inglés), basada en la premisa de que el país que aplica la cláusula no pague un precio por un medicamento más alto que el precio más bajo pagado por cualquier otro país no ha dejado indiferente a nadie. Ahora, el presidente de EEUU, Donald Trump ya ha comenzado a aplicarla en medicamentos contra la obesidad. En particular, ha llegado a un acuerdo con Lilly y Novo Nordisk para reducir los precios de Mounjaro y Ozempic. La Casa Blanca ha anunciado, a través de un comunicado, que los precios de ambos medicamentos bajarán de 1.250 euros y 925 euros por mes, respectivamente, a 325 euros cuando se compren a través de la plataforma TrumpRx.
David Cantarero, catedrático de la Universidad de Cantabria y responsable del Grupo de I+D en Economía de la Salud del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), analiza en detalle para El GlobalFarma las implicaciones de esta medida sobre la industria farmacéutica. En primer lugar, indica que "la reacción del sector ha sido mixta pero mayoritariamente cauta, con varias respuestas".
A continuación, expone que "la implementación del MFN a gran escala afronta obstáculos legales y operativos (variación en disponibilidad y transparencia de precios entre países, y posibles conflictos con leyes de importación) para la industria". Según Cantarero, en el pasado, medidas similares se han encontrado con resistencia legal. "Diversos grupos industriales han señalado que políticas de referencia internacional podrían dañar la inversión en investigación", añade.
Por otro lado, Cantarero sostiene que "algunas compañías han optado por concesiones negociadas para evitar imposiciones más drásticas" y utiliza como ejemplo los acuerdos anunciados con la administración para reducir precios en ciertos programas en un esfuerzo por esquivar medidas inmediatas y mantener margen de maniobra comercial. Además, señala que "algunos anunciaron inversiones en manufactura local como contrapartida". Por ello, Cantarero considera que "estas concesiones muestran una estrategia dual: oponerse públicamente a la medida, pero negociar para limitar su impacto".
En relación con los ajustes estratégicos y de mercado, recalca que "las farmacéuticas recalculan pipelines, priorizan moléculas con mejor protección de precio por diferenciación clínica y, en algunos casos, aceleran lanzamientos internacionales o reasignan precios globales para amortizar ingresos". Además, menciona que "también hay un interés mayor en acuerdos bilaterales con pagadores y en modelos de pago por desempeño".
En lo relativo a mercados financieros, recuerda que "la incertidumbre inicial generó reacciones en bolsa (volatilidad); sin embargo, anuncios que incluían periodos de negociación o acuerdos con compañías mitigaron caídas agudas en algunos casos, porque la aplicación inmediata del MFN no era totalmente operativa y la orden dejaba margen para negociación".
Por todo ello, Cantarero admite que "la industria combina litigio/lobby con negociación comercial estratégica y reorientación del pipeline" y que "el resultado final dependerá de la nitidez del diseño regulatorio, de si el Congreso actúa, de las decisiones judiciales y de la capacidad de las farmacéuticas para reequilibrar sus modelos de negocio, reasignar investigación o de cerrar acuerdos con pagadores".
Por último, explica que la reducción de precios mediante MFN y el impulso a genéricos/biosimilares reducen los flujos de caja esperados y pueden reorientar la I+D hacia áreas menos expuestas. "Esta reorientación puede preservar la innovación en ciertos ámbitos, pero reducirla en otros", determina. Según el experto, el riesgo de menor innovación existe, pero es dependiente del diseño: políticas bien calibradas (pagos por valor, incentivos fiscales) pueden mitigar daños.
