El pasado 1 de agosto, el presidente de EEUU, Donald Trump, envió cartas a 17 multinacionales del sector farmacéutico exigiendo un "compromiso vinculante" para reducir los precios de los medicamentos en el país, hasta igualarlos con los que se aplican en otras economías avanzadas. Según publicó el propio presidente en su perfil de TruthSocial, las compañías a las que se dirigió fueron: AbbVie, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Novartis, Gilead, Merck (EMD Serono), Pfizer, Novo Nordisk, AstraZeneca, Amgen, Genentech, J&J, GSK, MSD, Regeneron, Sanofi y Eli Lilly.
En las misivas dirigidas a los principales ejecutivos de estas farmacéuticas, Trump recordó la orden ejecutiva del 12 de mayo, en la que instaba a las compañías a garantizar que los ciudadanos estadounidenses pagaron lo mismo por los medicamentos que los habitantes de otros países desarrollados. Trump afirmó que "lo único que aceptará de las farmacéuticas es un compromiso que alivia a las familias estadounidenses de los precios inflados de los medicamentos" y fijó un plazo de 60 días para ello.
Casi cuatro meses después de aquello, Trump ha avanzado que ha conseguido cinco acuerdos con grandes fabricantes farmacéuticos para igualar los precios con los pagados en otras naciones desarrolladas, "lo que proporcionará un alivio sustancial en los precios de numerosos productos utilizados por millones de estadounidenses".
Principales problemas
Cuando se hizo pública la intención, David Cantarero, catedrático de la Universidad de Cantabria y responsable del Grupo de I+D en Economía de la Salud del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), explicó a El GlobalFarma que la propuesta de Trump "sería una jugada política que puede calificarse como competitiva-agresiva", pero también como un "síntoma estructural de un problema persistente en todo el sistema sanitario estadounidense: el alto coste de los medicamentos respecto a otros países desarrollados".
Según el experto, "exigir a 17 compañías que acepten unilateralmente una reducción de precios bajo amenaza de sanciones o aranceles plantea problemas jurídicos, éticos y económicos considerables". Uno de los principales riesgos señalados es el impacto sobre la innovación: si los márgenes de beneficio en EEUU se reducen de forma drástica y forzada, muchas compañías argumentarán que la sostenibilidad de su I+D queda en entredicho, dado que los altos precios en ese país subvencionan, en parte, la innovación biomédica a nivel global.
No obstante, consideró que este argumento debe analizarse con cautela, "pues diversos estudios han demostrado que una proporción significativa de los costes de investigación está cubierta por fondos públicos —como los provenientes de universidades— y que los precios de lanzamiento de los fármacos no siempre guardan relación con su valor terapéutico real".
