Es la primera región en poner iniciar un piloto de participación directa sanitaria
Ahora trabajan en la elaboración del Plan de Salud y Bienestar Social 2011-2020
C.O.
Barcelona
Desde que en enero de 2002 se produjeron las transferencias, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha se ha dado un impulso decidido a la participación ciudadana y profesional en la gestión diaria del servicio sanitario público. Así lo confirma Rodrigo Gutiérrez, responsable del Área de Atención al Ciudadano en el Servicio de Salud de esta autonomía (Sescam), que señala que fueron la primera región en aprobar una Ley de Garantías en Atención Especializada, norma pionera en España para el abordaje de la lista de espera.
Con posterioridad se aprobó la Ley de Voluntades Anticipadas, que asegura a las personas una atención sanitaria digna y autónoma hasta el final de la vida. O el decreto que garantiza una segunda opinión médica para las enfermedades neoplásicas, patologías neurológicas, enfermedades raras o de origen hereditario.
A lo largo de los últimos años se han creado órganos de participación comunitaria, como el Consejo Regional de Salud, el Consejo de Administración del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, y los Consejos de Salud de Área y de las Zonas Básicas de salud. Además, en todos los hospitales y gerencias de atención primaria se han puesto en marcha las Oficinas de Calidad Asistencial y Atención al Usuario, con el objetivo básico de detectar insuficiencias y áreas de mejora y contribuir a incrementar la calidad de los servicios.
Entre otras iniciativas, cabe destacar que Castilla-La Mancha ha sido la primera comunidad autónoma en poner en marcha en el Área de salud de Puertollano (Ciudad Real), una experiencia piloto de participación directa de los ciudadanos en la gestión sanitaria, con capacidad de decisión en parte de los presupuestos que el Gobierno de esta comunidad destina anualmente a la Gerencia del área.
“En el ámbito sanitario somos un claro ejemplo de la apuesta por la autonomía del paciente y su participación en la cogestión de los recursos sanitarios”, declara Gutiérrez, que añade que si tuviera que definir una particularidad de la relación del Gobierno de Castilla-La Mancha con las organizaciones ciudadanas ésta sería “la cercanía y la transparencia, la mejor manera de hacer una política ajustada a las necesidades reales de la población”. En este sentido, considera que esta región se sitúa a la vanguardia en España en cuanto a potenciación de la autonomía del paciente y su corresponsabilidad como ciudadano en la gestión de los recursos públicos.
En cuanto a proyectos de futuro, ya trabajan en la elaboración del Plan de Salud y Bienestar Social 2011-2020, que pretende alcanzar la excelencia en la atención sociosanitaria, con un modelo organizativo novedoso que promueva la integración real de los servicios sanitarios y sociales, a fin de garantizar la continuidad asistencial de cada persona.
Según explica Gutiérrez, este plan tendrá muy presente el papel de las asociaciones de pacientes en la vertebración de las actuaciones a seguir en aquellas áreas que les afecte directamente. Asimismo, insiste en que contribuirá a situar al ciudadano como eje central de la política sociosanitaria del siglo XXI y a promover su responsabilidad en el cuidado de la propia salud y del buen empleo de los recursos públicos que están a su disposición.
Por otro lado, está previsto que se lleve a las Cortes regionales para su aprobación en 2010 la Ley de Derechos y Deberes de las Personas en materia de salud, una norma que “beneficiará a toda la sociedad”. El texto recoge los derechos de los usuarios relativos a intimidad, confidencialidad, información sanitaria, consentimiento informado o declaración de voluntades anticipadas, entre otros, así como los deberes en materia de salud, que pasan por el adecuado uso de los recursos sanitarios, la responsabilidad de los ciudadanos con su salud o la colaboración con las autoridades sanitarias.
En lo que respecta a la Alianza General de Pacientes, desde esta consejería entienden que todas las iniciativas que se adopten para que el tejido asociativo pueda desarrollar mejor su labor constructiva y reivindicativa en aras de mejorar la calidad de los servicios públicos siempre son positivas. “Las organizaciones de pacientes deben desempeñar un papel fundamental en la sanidad del siglo XXI y siempre contarán con el apoyo y la decidida colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha”, concluye.
