Santiago de Quiroga
Esto no acaba aquí. Bruselas va a exigir recortes adicionales. Ya no es solamente que no haya acuerdo entre los distintos agentes sociales para llevar a cabo las reformas necesarias o que éstas no satisfagan a todos. Ni siquiera el hecho de que sigan insistiendo desde la Comisión Europea en las reformas financieras. No. Lo que ocurre es que el déficit alcanzará un 5,3 por ciento y no será el 4,4 por ciento que preveía el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Esto quiere decir que la diferencia entre una y otra cifra es casi un punto por encima del compromiso que realizó el Gobierno. Sin duda, este hecho llevara al Gobierno a pedir a las comunidades autónomas nuevos sacrificios. Incluso el comisario de Economía de la Unión Europea, Joaquín Almunia, ya ha solicitado una ley que garantice el control del gasto autonómico, ley que debería pactarse entre los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP. Hasta la agencia de calificación Moody’s ha solicitado un techo de gasto a las comunidades para rebajar el déficit.
O las comunidades autónomas de verdad empiezan a prescindir de lo superfluo o deberán aplicar recortes adicionales en el Estado de bienestar, en la Sanidad. Y si la falta de imaginación les lleva a seguir recortando en medicamentos y salarios de los médicos, entonces es que no tienen la capacidad de gestión que se les ha encomendado. ¿Es que Javier Arenas, líder del PP en Andalucía, es el único que ha visto una bolsa de 5.000 millones de euros, fuera de la Sanidad y la Educación, de donde conseguir ahorros adicionales? Mientras tanto, el Gobierno de Rodríguez Zapatero puede optar por reducir su propio déficit por encima de lo planificado, sabiendo que no puede confiar en las comunidades autónomas. Pero la agencia Moody’s cree que sería una solución a corto plazo para un problema estructural de España. Llevamos años diciendo que esto es un problema estructural y los recortes de precios, pan para hoy. Recortes de precio, falta de pagos... Lo cierto es que así se hunde un sector.
Ya nadie sueña con un marco de estabilidad, como se pedía antes. España ha renunciado ya a su carrera por ser algo en la I+D+i, como también ha renunciado a dejar de ser el último en empleo. Y ahora, hasta el empleo cualificado está en peligro. Recortes de márgenes, bajadas de precio, cambio en los reembolsos... La desesperación ha hecho presa de los que han pensado que se podía alargar todavía más los pagos a proveedores, bajar aún más los precios y seguir recortando. Este monopsonio de la administración brilla con toda su voracidad cuando hemos sido incapaces de subir más allá del 6 por ciento del PIB el gasto sanitario público. Hemos querido jugar en la liga del 7 y 8 por ciento dejando de pagar, y lo que se pudo mantener cuando había dinero e ingresos de impuestos ahora se vuelve como un boomerang.
Solamente la deuda de medicamentos y productos sanitarios que es reconocida, eso si, se eleva a 5.000 millones de euros para medicamentos y 4.300 millones de euros para productos sanitarios. Esto supone casi el 1 por ciento del PIB. Y es Andalucía la que está a la cabeza de la deuda, con más de 1.245 millones de euros, y la que también está a la cabeza de recortes.
Lo grave es que en lugar de acudir a los mercados, entienden que no pagar es la forma de mejorar la tesorería pública. Se podría decir que es una mezcla de irresponsabilidad ‘a la islandesa’ y de desinterés por el tejido empresarial. Y las que están sufriendo y cerrando son las pymes (oficinas de farmacia y empresas), y las multinacionales, que están financiando la deuda, como si fueran bancos, como las farmacias, financian prestaciones sanitarias. Pero con periodos de pago creciendo un 60 por ciento desde el comienzo de la crisis. ¿Quién aguanta esto? Efectivamente, considero que la solución a este problema debe pasar por un pacto de Toledo, ahora propiciado por todos, ignorado por los mismos que ahora lo reclaman.
