Una de las posibilidades que se han barajado en el ámbito de la Comisión de Precios de los Medicamentos en relación a los productos no financiados indicaría la intención del Ministerio de Sanidad de impedir incrementos importantes de precios, de manera que pudieran influir sobre el IPC. Según fuentes del sector, el departamento que dirige Ana Mato baraja una propuesta en la que se establece un criterio de precios para fármacos OTC según el valor actual de sus precios. Así, las farmacéuticas que notifiquen el precio de sus medicamentos podrán aumentar su coste entre un 10 por ciento y un 50 por ciento, de manera gradual, atendiendo al valor actual que posean, de tal forma que los más baratos tengan la posibilidad de incrementar más su precio que aquellos que superen un umbral económico que no ha trascendido.
Esta posibilidad no colma las expectativas de las compañías farmacéuticas, que consideran que sigue siendo una medida de control sobre un precio que debería estar regido exclusivamente por la libre competencia que rige al mercado.
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha emitido un informe que pone en tela de juicio la legalidad de controlar el precio de medicamentos no financiados por parte del Ministerio de Sanidad. Cabe destacar que desde que se conoció la intención de Sanidad de fiscalizar los cambios de precio como respuesta a las críticas que recibió tras la última desfinanciación de medicamentos, que entró en vigor el pasado mes de septiembre, las compañías mostraron su disconformidad ante lo que entienden una intromisión no justificada. Ahora ha sido la CNC la que se ha posicionado en favor de las farmacéuticas al alegar, entre otros preceptos, que la intención de regular el precio de estos medicamentos presenta “problemas de conciliación con la libertad de empresa consagrada en el artículo 38 de la Constitución Española”.
Según el órgano consultivo, “la fijación de precios limita las posibilidades de los operadores de seguir estrategias de diferenciación de precios para competir en el mercado”, circunstancia que violaría el principio económico de libre competencia. El informe, por tanto, pone en tela de juicio la viabilidad legal del artículo 90.2 de la Ley de Garantías, según la redacción dada por el RDL 16/2012 y alerta de potenciales distorsiones entre productos que se intervengan y los que no.
Ante estas incompatibilidades legislativas, la CNC resuelve que la utilización de este mecanismo de control sobre productos que no están al abrigo financiero de la administración pública debería ser reconsiderada. “La posible utilización del artículo 90 debería ser valorada con mucha cautela cuando se trate de medicamentos y productos sanitarios que no sean financiados, debiendo someterse tal ejercicio a una justificación extremadamente rigurosa, por parte del ministerio competente, de su necesidad y proporcionalidad”, indica.
Este argumento, según la CNC, se basa en varias recomendaciones realizadas a nivel comunitario. En concreto, el órgano consultivo hace referencia a la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité de Regiones, con fecha 1 de julio de 2003, que advierte de la necesidad de “una industria farmacéutica europea más fuerte en beneficio del paciente”.
De igual forma, la CNC alega la recomendación más reciente del documento ‘Conclusiones y recomendaciones finales del Foro Farmacéutico de Alto Nivel’, de 2008, que señala que “la Comisión y los Estados miembro deberán garantizar el principio de que la capacidad de cada Estado miembro para regular los precios en la Unión Europea únicamente afectará a los medicamentos que adquiera o reembolse el Estado”.
Reconsideración ministerial
Las reacciones al informe que ha emitido la CNC podrían indicar un posible punto de encuentro entre los dos principales protagonistas de la polémica: el Ministerio de Sanidad y la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp). Así, el departamento que dirige Ana Mato ha señalado que “tendrán en cuenta el informe de la CNC y que actuarán con cautela en la aplicación del artículo 90.2 del RDL 16/2012”. Esta posición, adoptada cuando se está tramitando el nuevo real decreto que sentará las bases para la fijación de precios de los medicamentos y productos sanitarios, explicaría una posible reconsideración ministerial en cuanto a poner coto al libre mercado.
Por su parte, desde Anefp se ha entendido la postura de la CNC como un balón de oxígeno que refuerza la posición que han mantenido desde que se fijaron los criterios de la última desfinanciación. “Consideramos que el mencionado informe avala la posición que desde nuestra asociación se ha defendido en relación con la libertad de precios para los medicamentos desfinanciados incluidos en la resolución de 2 de agosto de 2012”, afirmaron.
De hecho, Jaume Pey, director general de Anefp, ya anunció a EG que el control de precios sobre productos no financiados “es algo ilógico, porque el mercado ya garantiza unos precios bajos y porque a las compañías las pone en un callejón sin salida al no tener la posibilidad de recuperar un valor que tuvieron en el pasado”. La resolución que adopte el ministerio para desarrollar el nuevo real decreto será la única posibilidad de desbloquear una situación que desde Anefp conciben como incomprensible.
“Estamos en un Estado de Derecho y no se pueden hacer cosas que legalmente y jerárquicamente no estén en consonancia”, apuntó Pey hace unas semanas en lo que se puede entender como un vaticinio del informe de la CNC. “Sería fundamental garantizar en ese real decreto que los medicamentos no sujetos a prescripción médica puedan continuar gozando de libertad de precios”, apostilló el director general de Anefp.
Recta final para un acuerdo
El informe que ha emitido la CNC se erige como un pilar importante en las negociaciones que se mantienen y se mantendrán durante la redacción del real decreto sobre fijación de precios. De cara a la recta final de año y principios de 2013, las negociaciones entre farmacéuticas y ministerio se intensificarán en busca de un acuerdo que satisfaga a ambas partes.
Si bien la crisis económica es el escudo tras el que se oculta la Administración para argumentar la necesidad de controlar el gasto, la CNC ha plasmado con su informe un posible camino hacia la inconstitucionalidad de la norma que podría dinamitar las intenciones del departamento que dirige Mato. De hecho, la CNC asegura que habría que valorar la posibilidad de revisar el artículo 90.2 para eliminar la posibilidad de intervenir administrativamente en un ámbito en que el precio debería ser libre.
Sin embargo, existen voces que explican que la posición del ministerio respecto a los productos desfinanciados tiene una explicación económica para evitar que aumente el gasto farmacéutico. La posibilidad de un deslizamiento en la receta debido a un encarecimiento excesivo de algún producto OTC es una de las consecuencias por las que se quiere poner una limitación al precio, además de buscar un refugio a las críticas políticas que se vierten desde la oposición tras la última desfinanciación.
Por su parte, desde Anefp siempre se ha instado a repasar la historia reciente para comprobar que esas cautelas no se corresponden con la realidad. Según la asociación, desde 1981 no hay registrado ningún abuso de las compañías con el precio de los OTC.
La CNC alerta de que pueden producirse distorsiones entre unos productos y otros según la intervención de precio
Anefp valora de forma positiva el informe al entender que “avala la posición defendida desde la asociación”
