Desde mi última columna sobre la Guía de buenas prácticas de preparación de medicamentos en servicios de farmacia hospitalaria se han producido novedades, que algunos consideran importantes y que en mi opinión son preocupantes. Tras la publicación inicial del texto en la web del Ministerio de Sanidad, eso sí, en una zona de la misma de difícil acceso, los “expertos de reconocido prestigio” que debían colaborar en su elaboración protestaron porque algunas de sus sugerencias no se habían recogido. Empezó entonces un cruce de declaraciones acerca de si lo que se había publicado era un borrador o la versión definitiva, contactos diversos; y al cabo de quince días nos encontramos con una nueva versión con la que aparentemente están de acuerdo la administración y los “expertos de reconocido prestigio”. No se piensen que al referirme a ellos entre comillas pretendo valorar su actuación, simplemente quiero usar los mismos términos que aparecen en el artículo 7 del Real Decreto-ley 16/2012.
Empezaba diciendo que lo que ha pasado me parece preocupante, y ello es así por tres motivos. En primer lugar porque lo sucedido desde abril de 2012 hasta diciembre de 2013 revela el nivel de los obstáculos a los que se enfrenta la dirección general de Cartera Básica en el ejercicio de sus funciones. Habrá quien aluda a deficiencias en habilidades o en competencias. Como siempre puede haber un poco de todo, pero conociendo algo a las personas que ocupan puestos importantes en ese departamento, me atrevo a apuntar más hacia un déficit de liderazgo por parte de esferas más altas en el ministerio.
Al hilo de lo anterior, el segundo motivo de preocupación tiene que ver con la intervención de los diversos grupos de interés, entre los cuales se encuentran los “expertos de reconocido prestigio”, en el proceso de elaboración de normas y textos que tendrán impacto en asuntos de gran relevancia. Michael Sandel, profesor de Government en Harvard, en su ensayo What money can’t buy. The moral limits of markets señala que el papel que juegan ciertos lobbies al influenciar el contenido de las normas puede ser una forma de corrupción si se degrada a la Administración tratándola como una herramienta para obtener una ventaja en vez de como un instrumento al servicio de los intereses generales. Esta falta de respeto hacia el trabajo que realizan las administraciones es preocupante, y es la causa de que en muchos ámbitos (el Derecho Farmacéutico es uno) nos encontremos con multitud de normas y documentos pseudonormativos capaces de generar confusión; justo lo contrario de la seguridad jurídica que los textos jurídicos deben aspirar a conseguir.
La confusión resultante es la tercera preocupación. No en vano dice el refrán que “a río revuelto ganancia de pescadores”, y lo que va a suceder en las próximas semanas y meses es que asistiremos a multitud de lecturas de la guía, cada una buscando aquella frase que mejor se acomode a los intereses de cada pescador. Conviene que éstos, en todo caso, no olviden que la guía, en su última versión, sigue aportando multitud de criterios con el objetivo de proteger a los peces.
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