Sigue el goteo de iniciativas con las que Cataluña quiere sanear las maltrechas cuentas de su sistema sanitario. Mientras aún coleaba el impacto de la tasa por receta que el ejecutivo de Artur Mas quiere implantar en 2012, el consejero de Salud, Boi Ruiz, se mostró la semana pasada partidario de obligar a contratar pólizas privadas en función del nivel de renta. Eso sí, posteriormente dio marcha atrás al señalar que la Generalitat no considera un modelo de financiación como este para los servicios sanitarios públicos, y que solo se trataba de abrir el debate para establecer un “modelo asegurador diferente” en todo el estado.
Pese a todo, aunque efectivas, mal diseñadas ambas herramientas pueden crear barreras de acceso a la atención sanitaria. Así lo señala el informe “Health at a Glance 2011”, que anualmente revisa los principales indicadores sanitarios en los países de la OCDE. Actualmente, las encuestas detectan tres situaciones que generan esos problemas: el coste de los tratamientos, las listas de espera y las largas distancias. En Grecia, Italia, Polonia y Portugal, la razón más común es la primera. Aunque algo menos del 5 por ciento de los encuestados en estos países dijo haberse visto afectado, la carga recaía de manera más dura sobre aquellos de ingresos bajos.
La explicación es sencilla. En contraste a la atención sanitaria financiada con fondos públicos, la corresponsabilización de los usuarios descansa en su capacidad de pagar. Si la financiación de la asistencia sanitaria depende más de los pagos de los usuarios, su carga, en teoría, podría trasladarse hacia los que usan más los servicios, y posiblemente desde usuarios con altos ingresos hacia aquellos con ingresos más bajos, donde las necesidades suelen ser mayores.
En la media de los países de la OCDE, el 19 por ciento del gasto sanitario corre directamente a cargo de los pacientes, aunque en la práctica muchos países tienen exenciones y topes de copagos para evitar esta situación y proteger el acceso al sistema para grupos de ingresos bajos. Suiza, por ejemplo, tiene la más alta proporción de pagos por parte de sus usuarios, pero también tiene exenciones para familias numerosas, beneficiarios de la asistencia social y otros grupos de riesgo.
La carga de gasto sanitario que corre del bolsillo de los usuarios puede medirse como parte de los ingresos totales o como del consumo total de una familia. La media varía a lo largo de los países de la OCDE. Representa menos del dos por ciento del total del consumo de los hogares en Turquía, Países Bajos, Francia o Reino Unido, y más del cinco por ciento en Grecia y Suiza. Estados Unidos, con un 3,1 por ciento, está cerca de la media. España se sitúa ligeramente por encima, en el 3,4 por ciento.
Pero no siempre si la distribución de los copagos conlleva una adecuada protección. Una encuesta llevada a cabo en 11 países de la OCDE encontró que en Reino Unido, Suecia y Francia no era común encontrar copagos elevados tanto para las rentas muy altas como las muy bajas. En otros países, los ingresos por encima de la media eran los que más copagos reportaban. Aún así, en Suiza y Estados Unidos la proporción de adultos pobres con copagos elevados es muy alta, con un 20 y un 29 por ciento, respectivamente.
Los copagos farmacéuticos también varían. Mientras en Países Bajos, Alemania y Francia la carga que recae sobre las familias no llega al 20 por ciento, para los hogares de Estonia o Polonia rondan el 60 por ciento. España, con un 25,5 por ciento, está por debajo de la media, razón por la que algunos estudios han considerado que en España existe margen para actuar en este terreno.
Aseguramiento privado
Una posición igualmente baja ocupa España en la clasificación de seguros privados, la apuesta sometida a debate por Ruiz. De los 34 países de la OCDE, diez reportaron una cobertura privada para más de la mitad de la población en 2009. Sin llegar al 20 por ciento, España se diferencia de países como Francia o País Bajos, los estados con un mayor mercado suplementario en la UE.
La OCDE insiste, sin embargo, en que es importante entender que las necesidades no cubiertas por el sistema van alineadas, entre otros indicadores, al copago y al incremento de seguros privados.
Mientras en España continúa el debate en torno al copago farmacéutico como moderador del mal uso, en otros países acuciados por los mercados esta herramienta ha derivado en una caída vertiginosa del gasto farmacéutico público. A mediados de julio, Italia se vio obligada a aprobar diversas medidas de austeridad, tanto a nivel nacional como regional. De entre todas, destacó la introducción de copagos sobre medicamentos de prescripción, que en algunos casos ampliaban los ya existentes y en otros se reintroducían después de muchos años. Hasta junio, la caída del gasto farmacéutico fue del 6,3 por ciento. Pero en los tres primeros trimestres, el efecto del copago intensificó la reducción hasta el 7,7 por ciento.
Otro factor que ha propiciado esta tendencia es la reducción en los precios de referencia de muchos medicamentos a mediados de abril. Un estudio demostró que la mayoría de los fabricantes no redujeron sus precios, lo que obligó a los pacientes a desembolsar una mayor proporción en forma de copagos.
