La inestabilidad política que ha estado a punto de provocar la tercera convocatoria de elecciones autonómicas en un año le ha costado a Asturias recibir el único suspenso del Consejo de Política Fiscal y Financiera que la semana pasada examinaba los planes de reequilibrio autonómicos. El nuevo gobierno regional de Javier Fernández, cuyo acuerdo con IU y UPyD suma otro consejero socialista al Interterritorial, tiene quince días para elaborar un nuevo ajuste y acometer la última decisión del presidente saliente, Francisco Álvarez Cascos: llevar a los tribunales la reforma sanitaria.
El Gobierno del Principado de Asturias encomendó a sus servicios jurídicos la preparación y presentación de un recurso de inconstitucionalidad en la materia, así como en Educación, por invadir competencias propias de la comunidad e incumplir el principio de igualdad recogido en la Constitución. El rechazo a ambas medidas de recorte es una dificultad añadida al nuevo plan de ajuste que debe diseñar el gobierno regional, y que está obligado a pasar de 551,5 a 616 millones de euros.
Nuevos recortes
En conjunto, las medidas aprobadas alcanzan los 18.349 millones de euros. De ellos, 13.071 se conseguirán vía reducción de gasto; los 5.278 millones restantes vendrán a través de ingresos. El ministro de Economía, Cristóbal Montoro, ya aseguró días antes de la reunión que algunas regiones deberían acometer nuevos recortes para cumplir con el objetivo de déficit. Pero Asturias es la única que lo hará ex post, tras el rechazo a su plan de reequilibrio.
Otras comunidades han hecho antes sus deberes. Y casi ninguna ha evitado que sus gestores sanitarios no hayan metido a fondo la tijera. A priori, los médicos son los más perjudicados por la progresividad de los recortes, la reducción y congelación salarial, el aumento de la jornada, la reducción de guardias y el recorte de los complementos de carrera profesional y otras variables, además de la penalización económica por ponerse enfermos.
En Cataluña, la Generalitat aprobó un nuevo plan de ajuste, el tercero en un año y cuatro meses, que implica una nueva reducción de 1.500 millones de euros. Aunque el consejero de Salud, Boi Ruiz, ha garantizado que no afectará a los salarios del personal sanitario ni a las plantillas y tampoco aumentará las listas de espera ni el tiempo de demora, lo cierto es que una de las medidas incluidas fija la reducción del 5 por ciento de los complementos salariales de los empleados públicos.
Las medidas del Gobierno de Andalucía también hacen caer sobre los sanitarios la mayor parte del peso de los recortes, que supondrán una media del 5 por ciento menos en la nómina de los funcionarios, la eliminación de los complementos adicionales en la paga de junio y diciembre, la rebaja de un 10 por ciento de las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable, el aumento de la jornada laboral en dos horas y media y la cancelación de las ofertas de empleo público hasta 2015. Los sindicatos andaluces hablan ya de dar un “respuestas contundente” a estas medidas.
Las acciones de protesta también continúan en Murcia, donde los médicos de primaria han recordado que no están obligados a atender a pacientes de otros compañeros, salvo en casos urgentes, como respuesta a la reducción de la prima por esta labor, de 3.000 a 500 euros, contemplada en el Plan de Reequilibrio Financiero de la comunidad, una compensación que respondía a la escasez de profesionales pero que ahora podría evitarse contratando a médicos desempleados, según el sindicato médico. Estos se sienten especialmente molestos con la aplicación de la nueva jornada laboral en los hospitales, pues según el decreto se realizaría los sábados pero la resolución firmada por la gerencia abre la puerta a que se haga por las tardes.
También continúan con las movilizaciones los cinco sindicatos que forman parte de la mesa general de la Función Pública valenciana para pedir la retirada total del decreto de medidas urgentes para la reducción del déficit en la región, tras el “rotundo éxito” del referéndum celebrado la semana pasada, donde un 96 por ciento de los empleados públicos rechazaron la propuesta en materia de personal para el ejercicio 2012-2015 que supedita la recuperación de parte de los derechos suspendidos, las retribuciones de carrera profesional o el acceso de nuevos miembros, a que los ingresos de Hacienda evolucionen positivamente.
Más conciliadora, la consejería madrileña ha aceptado seguir pagando el sueldo completo en los tres primeros días de baja por enfermedad a los 65.000 funcionarios estatutarios.
