El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) toma esta semana (23 de diciembre) las riendas del gasto sanitario. Mientras se siguen descontando los cien días de cortesía para el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y el secretario general del departamento, Rubén Moreno, serán los consejeros y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, los encargados de aprobar los mecanismos que conforman el “auténtico plan de choque” sanitario anunciado por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Lo hacen en una cita clave que muestra en varios de sus puntos del día el impacto que el gasto sanitario ocasiona en la sostenibilidad de las cuentas públicas.
El CPFF también tendrá que aprobar los planes de ajuste presentados por cinco de las seis comunidades que se desviaron de los objetivos de déficit en 2013 (Murcia, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra y Cataluña) y determinar si el conjunto de las autonomías serán capaces de reducir sus números rojos hasta el 1 por ciento del PIB para este año. Todas las medidas incluidas en el orden del día van encaminadas a este objetivo, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) duda que se vaya a conseguir. A su juicio, existe “prácticamente certidumbre de desviación” en Extremadura, Cataluña, Valencia y Murcia y “riesgo elevado de desviación” en Castilla La Mancha, Andalucía y Baleares. Por ello, Airef insta al Ejecutivo a aplicar los mecanismos previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para garantizar que las autonomías cumplen con sus compromisos.
La otra cara del FLA
Pero la sangre no llegará al río. Al menos en el consejo de esta semana. Todas las medidas anunciadas van destinadas a habilitación nuevas medidas de financiación para las comunidades autónomas. Y todas, en mayor o menor medida, tienen que ver con el impacto del gasto sanitario en las regiones.
Hasta ahora, una gran parte de las facturas sanitarias acumuladas en los cajones de las consejerías de Sanidad han tenido salida gracias al Fondo de Liquidez Autonómico y al plan de pago a proveedores. Pero menos conocida es la otra cara de la moneda de estos mecanismos, ya que a medida que han ayudado a reducir los alarmantes niveles de déficit público, han trasladado al futuro el problema de la deuda pública, cuyo crecimiento es insostenible.
En 2010, la deuda pública acumulada era aproximadamente el 11 por ciento del PIB, cuando en 2013 es ya del 20 por ciento. Se trata de un efecto bola de nieve que tiene como principal responsable el pago por intereses por el FLA y el fondo de proveedores. Y las comunidades peor paradas son, además, las dos que más problemas tienen para seguir pagando, lo que les obliga a seguir recurriendo a ambos mecanismos. No es de extrañar que Cataluña y la Comunidad Valenciana insistan tanto en la reforma del modelo de financiación.
Varias autonomías también han aireado este punto, señalando que la ayuda estatal no era tal, sino un acicate para acometer nuevos ajustes en las partidas de mayor gasto de las regiones: sanidad y educación. Según la consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero, acudir al FLA y al plan de pago a proveedores ya ha costado a las comunidades más de 700 millones de euros en intereses. Por eso, para evitar la espiral de endeudamiento que compromete el gasto a largo plazo, la primera novedad que se aprobará en el Consejo será dejar de cobrar estos intereses. La idea se suma a la iniciativa adoptada en julio, cuando el Ejecutivo aprobó una bajada temporal del tipo que se aplica al FLA, desde un máximo de 5 al 1 por ciento, hasta el 31 de diciembre de 2015.
Ahorros para Sanidad
Consciente, además, de que buena parte del gasto comprometido de cara al futuro es sanitario (y de que ya hay un considerable volumen de nueva deuda generada con los proveedores), el CPFF adoptará también las medidas específicamente sanitarias: los mecanismos acordados con Farmaindustria y Fenin para establecer techos de gasto en la compra de medicamentos y tecnología sanitaria. El Gobierno no quiere que esta iniciativa repercuta sobre el sector. Por ello, asegura que los ahorros generados “se reinvertirán en el SNS”.
En el ánimo de la cita del Consejo de Política Fiscal se encuentra el evitar nuevos ajustes. No obstante, todavía parece lejano el día en el que se pongan sobre la mesa nuevos recursos, que es lo que el sistema ha perdido durante la crisis. Un informe publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) muestra cómo en España, a pesar de la crisis, la situación es buena, si bien se encuentran en “franco deterioro” y todo ello sin contabilizar el impacto que pueden haber tenido los recortes (de gasto sanitario, derecho a asistencia, prestaciones y dependencia) introducidos en 2012 y profundizados en 2013 y 2014. Así, consta como, ya hasta 2012, la mayoría de los indicadores relativos al gasto en sanidad (ver tabla) presentaba una evolución negativa. Sus autores hablan de “una encrucijada”. Si la situación se revierte, las consecuencias en resultados de salud a largo plazo serán mínimas, pero anticipan un deterioro de los mismos si los recortes se mantienen o se agudizan.
