Este año se dirimirá en los tribunales el contencioso administrativo relativo a la delimitación de las competencias en política farmacéutica. Tras el golpe que supuso para el Gobierno central el levantamiento de la suspensión cautelar sobre la subastas, el copago farmacéutico por renta se apuntó la semana pasada dos tantos. Por un lado, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso estatal contra el euro por receta y lo paralizó cautelarmente durante un máximo de cinco meses. Por otro, el Gobierno del País Vasco reconoció su incapacidad para no aplicar el copago estatal.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, celebró ambas decisiones en el primer pleno del Senado del año, en el que también explicó las razones por las que no ha mediado en el conflicto por la Sanidad madrileña. “En algunas ocasiones no comparto las decisiones de algunas comunidades, pero sé dónde están los límites, y hay dos que son infranqueables. El primero, la legalidad constitucional que, además, yo no interpreto, lo hacen los servicios jurídicos del Estado. En segundo lugar, velar por los servicios públicos que la Constitución garantiza a los ciudadanos. Y le puedo decir que en Madrid, en Cataluña, en Canarias, en Andalucía o en Ceuta y Melilla mi departamento siempre estará vigilante para que ningún ciudadano se vea privado de una sanidad pública gratuita y de calidad”, dijo.
Precisamente por este motivo, el ministerio poco podría hacer si el cierre del servicio nocturno de urgencias en 21 municipios de Castilla-La Mancha se extiende a otras comunidades autónomas, más allá de pedir que se garantice la calidad de la atención sanitaria.
El euro por receta y el no aplicar el copago farmacéutico por renta son dos decisiones que, según las palabras de Mato, rebasan la legalidad constitucional, al situarse por encima de decisiones adoptadas por el Gobierno central en el marco de sus competencias. Así, la ministra recordó que aplicar el copago por renta era “una obligación” para el País Vasco, que dejará de ser la única comunidad que no lo aplicaba. El portavoz del gobierno autonómico, Josu Erkoreka, confirmó que el informe de los servicios jurídicos no encontró “margen legal” para que esta regulación siguiera sin efecto en la comunidad vasca tras la resolución del Tribunal Constitucional.
Euro por receta
El Gobierno acogió con la misma satisfacción la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso planteado contra el cobro del euro por receta, una decisión que será recurrida en Cataluña y cuyo traslado a Madrid tiene los días contados. La decisión del Tribunal Constitucional de suspender de forma cautelar el euro por receta implicará dejar en el aire, para empezar, los 140 millones de euros que la Generalitat pretendía conseguir en 2013 (100 por el cobro de la tasa y el resto por ahorro en Farmacia), y los 83 que pretendía obtener la Comunidad de Madrid. Tampoco está claro si se articulará algún procedimiento de devolución del dinero conseguido, en caso de que la tasa sea definitivamente considerada inconstitucional.
Fuentes oficiales del departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña indicaron la semana pasada que esperarían a recibir la confirmación oficial para comunicar a los farmacéuticos la suspensión de la tasa, cuya entrada en vigor, hace seis meses, ha supuesto una recaudación de 45,7 millones de euros (7,6 millones de euros al mes) y un descenso del 21 por ciento del gasto farmacéutico, según datos de la Generalitat. Las cifras acumuladas reflejan que 14,6 millones de euros (el 32 por ciento del total recaudado) han sido abonados por un porcentaje pequeño de la población.
Además, 405.624 pacientes alcanzaron el tope de los 36 euros por año. El número de insumisos se ha mantenido en una proporción pequeña y afectó solo al 0,07 por ciento de las recetas dispensadas. Un 17 por ciento de los fármacos financiados por el CatSalut no se han visto afectados, por costar menos de 1,67 euros o por recibirlos algunos de los 127.000 pacientes exentos del pago.
