El camino por el que transcurren las negociaciones del que debe ser nuevo concierto económico entre la Generalitat valenciana y sus farmacias sirve como ejemplo de cuan diferentes son los conceptos “partir de cero” y “volver al punto de partida”. Por ejemplo, “partir de cero” en las negociaciones era el compromiso tácito dado por la nueva consejera de Sanidad regional, Carmen Montón, y la directora general de Farmacia, Patricia Lacruz, a los presidentes colegiales en los primeros encuentros mantenidos tras el cambio en la Generalitat que depararon las urnas en mayo. Una postura lógica al conocer el enrocamiento primero, y paralización después, que sufrían las negociaciones por los descuerdos casi totales con el borrador presentado por el gobierno saliente (PP).
En cambio, lo que realmente ha ocurrido es una vuelta ‘al punto de partida’, para “sorpresa mayúscula” de los colegios farmacéuticos. Solo así se explica que, para reabrir las negociaciones, desde la Consejería de Sanidad se haya remitido ‘su’ primer borrador que plasma “punto por punto” el contenido del texto del equipo saliente, que fue rechazado notoriamente y en repetidas ocasiones. Entre otros motivos, por proponer el pago de las facturas farmacéuticas a las oficinas de farmacia “en el plazo de treinta días tras la presentación de la factura”, mientras que desde los colegios se reclama el pago “a veinte días” de la mensualidad a la que corresponda la factura, independientemente de cuándo haya sido presentada. Esa propuesta de la Administración aparece en ese primer documento sobre el que trabajar mandado por el equipo de Montón.
“O no se han enterado o no se quieren enterar; si no lo queríamos antes no lo queremos ahora”, expone a EG un presidente colegial, indiciendo en que este ‘mensaje’ de oposición quedó patente en esos primeros encuentros tras la toma de posesión. Esta misma fuente estima que el problema radicaría en el mantenimiento del personal técnico de la Consejería de Sanidad, personal que elabora las propuestas a incluir en el documento y el cual no se ha visto afectado por los cambios en los altos cargos del departamento. Por ello, dichos técnicos habrían planteado las mismas ideas que ya tenían antes de la cita electoral.
Asimismo, el Consejo Valenciano de Colegios Oficiales de Farmacéuticos denuncia que este borrador sigue “basándose” en el polémico decreto ley 2/2013 que, a pesar de ser corregido en algunos de sus puntos por la comisión bilateral Ministerio de Hacienda-Generalitat, “aún contiene puntos inconstitucionales”, se indica. Por ejemplo, permite la posibilidad de que ante determinadas situaciones, como una huelga, la Administración pueda romper el concierto de prestaciones on los colegios y negociar “individualmente” con cada farmacia y/u otras entidades: patronales, etc.
Desde el Consejo valenciano de COF se ha pedido la derogación “en su totalidad” de esta normativa. No obstante, la Administración lo considera “imposible” al menos mientras no exista norma alternativa para otros contenidos de este decreto ley 2/2013. Por ello, según ha podido saber EG, los colegios farmacéuticos ya están trabajando en una propuesta de texto alternativo que remitirán a su Administración de forma independiente, pero paralela, a las negociaciones del nuevo concierto.