Durante la jornada ‘Presente y futuro de la anticoagulación en España’, representantes de la Administración, pacientes y médicos han debatido sobre cuestiones candentes como la necesidad de revisar el Índice de Posicionamiento Terapéutico (IPT) y la heterogeneidad en el visado de inspección entre las Comunidades Autónomas.
Así, Paloma Casado, Subdirectora General de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad, ha reconocido que es necesario “actualizar los criterios de anticoagulación”. Algo comprensible y reconocido por los distintos sectores afectados, dado que el último IPT es de 2013, y en la actualidad se está trabajando con los datos de pacientes de entonces. En cualquier caso, lo que se ha planteado desde el Ministerio es que “la cuestión no es extender el uso indiscriminado de los NACOs, sino dar el tratamiento apropiado para el paciente apropiado, siguiendo las recomendaciones de las sociedades científicas”. De este modo, Casado ha recalcado la necesidad de que se lleve a cabo un estudio del impacto económico, “que recoja los costes directos e indirectos de mantener una estrategia de anticoagulados”.
Por otro lado, se ha destacado la heterogeneidad existente entre Comunidades Autónomas. Así lo ha expuesto José María Lobos, Coordinador de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, según los datos del estudio Agora, el uso de NACOs puede variar hasta un 5 por ciento de una comunidad a otra. Ante estos datos, Angel Abad, Jefe de área de Información al Paciente de la Comunidad de Madrid, “no deberíamos tener esa variabilidad ni dentro, ni entre comunidades, ni respecto a la Unión Europea”.
