Tras conocer los argumentos del abogado general del Tribunal de Justicia del a UE Niilo Jääskinen en el proceso de sanción abierto por la Comisión Europea contra España por la aplicación de la directiva del IVA reducido sobre productos sanitarios, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) han señalado que aplicar el IVA general “supondría una pérdida para las empresas sanitarias próxima al 15 por ciento” de su beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, y una caída del 5 por ciento de los beneficios de estas empresas.
Los servicios de asistencia sanitaria se facturan exentos de IVA, por lo que los proveedores sanitarios privados no tienen capacidad de repercutir dicha subida en pacientes o aseguradoras, debiendo asumirlo por completo. Según el IDIS, este nuevo ajuste ejercería sobre el sector privado “una presión insoportable” dado que la medida implica una pérdida sensible de su facturación total, en una situación ya complicada que se ha acrecentado con la crisis económica. A todo ello se une la “precaria situación” que, según el Instituto, están sufriendo muchos centros que han visto reducidos de manera significativa los conciertos con la administración pública.
