De aprobar el Fondo de Liquidez Autonómico depende, según el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la prestación de los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos. Pero la aprobación por rodillo de la reforma de la Ley de Estabilidad dio también al traste con la petición de la Izquierda Plural de introducir el valor de “prioridad absoluta” a los pagos de los servicios públicos fundamentales.
La presión a la que se ven sometidos dichos servicios, con énfasis en la asistencia sanitaria, se multiplica de hecho en las comunidades autónomas. El sindicato CSIF ha pedido al Gobierno de María Dolores de Cospedal que se “plantee” acudir al Fondo para que así queden cubiertos los servicios sociales básicos en Castilla-La Mancha, como la Educación y la Sanidad.
Pero la ausencia del criterio de prioridad en el destino de los fondos solicitados por las comunidades rescatadas puede poner en serio peligro la situación de las oficinas de farmacia, más allá de la Comunidad Valenciana. Hace unos días, el CCN, socio de CC en el Gobierno de Canarias, pedía de nuevo al Ejecutivo insular que considerara “seriamente” acudir al fondo para hacer frente al pago de medicamentos a las farmacias. En un comunicado, el responsable de Sanidad y Consumo, Alfonso López, advertía de que se va a producir una grave situación después del verano porque la Consejería de Sanidad no dispondrá de presupuesto para hacerse cargo de la partida correspondiente al gasto farmacéutico.
El caos de las farmacias es un componente más que aviva la postura de las comunidades sanitarias ‘rebeldes’. El senador socialista Roberto Lertxundi instó la semana pasada a la ministra de Sanidad a “copiar” modelos sanitarios como el del País Vasco que, según el portavoz del PSOE, se han mostrado como “alternativa a las propuestas de recortes”.
En su turno de respuesta, Ana Mato hizo referencia, precisamente, al pago a los proveedores en estas comunidades para defender las medidas del Gobierno. “¿Cómo va a haber demostrado la viabilidad del sistema si la deuda de la sanidad asciende en estos momentos a 16.000 millones de euros? ¿Cómo se va a demostrar la viabilidad si una de las comunidades autónomas, a las que usted ha hecho referencia, tiene pendientes 750.000 facturas sin pagar?”, preguntaba la ministra de Sanidad.
