Si hay alguna posibilidad de negociar la regla de gasto sanitario que el PP quiere introducir en la reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas tendrá que ser en el trámite del Senado. El pleno del Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada el dictamen del proyecto, con 177 votos a favor (los del PP), 127 en contra y una abstención, sin dar ninguna explicación sobre las enmiendas 87 y 88, destinadas a modificar, respectivamente, la Ley General de Sanidad y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, a pesar de constituir la mayor preocupación de la oposición.
Absolutamente todos los grupos subieron a la tribuna para dejar clara su postura, incluidos UPN y el PNV, lo que parecía innecesario en un proyecto que inicialmente contemplaba la creación de unos fondos que no afectaban a los regímenes forales, sino al modelo de financiación de régimen común. Pero la inclusión de las enmiendas sanitarias, aunque de adhesión voluntaria, probablemente afectarán a todas las comunidades autónomas porque, como señaló la portavoz socialista, María José Vázquez, “todas las comunidades están con el agua al cuello”. Los portavoces no ahorraron en calificativos: “Una auténtica bomba legislativa para dinamitar el marco autonómico”, dijo el diputado vasco Pedro Azpiazu. “Un autogolpe al Estado de las Autonomías”, manifestó Joan Coscubiela, de Iniciativa per Catalunya.
Las reglas de gasto sanitario llegaron al debate del pleno con varias opciones alternativas a la fórmula escogida: una enmienda en una comisión que no parece la idónea, y presentada durante el trámite de debate, sin que los demás grupos hayan podido participar en el proceso. “Es un fraude constitucional por eludir precisamente el debate político en sede gubernamental, en sede incluso prelegislativa y en sede parlamentaria a través de una enmienda con ocasión de otro proyecto”, dijo Azpiazu.
El Grupo Popular tenía sobre la mesa dos opciones. La primera, del PNV, excluir la enmienda del proyecto y tramitarla como proyecto de ley independiente en la Comisión de Sanidad para que pudiera debatirse en profundidad. La segunda, del PSOE, que presentó votos particulares a las enmiendas 87 y 88 del Grupo Popular (las que modificarán, respectivamente, la Ley General de Sanidad y la Ley de Calidad y Cohesión del SNS) con la intención, según su portavoz de Hacienda, de votarlas por separado del dictamen y “retratar otra vez la manera en que el Gobierno soluciona con recortes de gasto y reduciendo la capacidad de las comunidades autónomas el establecimiento de sus políticas en el sistema sanitario”. El PP rechazó ambas propuestas.
Sin explicaciones
No hubo explicaciones por parte del PP. Su portavoz de Hacienda, María Eugenia Romero, se limitó a defender las medidas de liquidez del Gobierno, que también fueron duramente atacadas por la oposición, que las califica (al igual que a la reforma de la Ley de Financiación) de parches, cuando lo que tocaba era reformar el sistema de financiación que caducó en 2014. Sin esas explicaciones, solo quedan las críticas (“Ahora ya con que hable Montoro [Cristóbal] basta; no puede hablar ya ni el ministro de Sanidad para tocar la sanidad de las comunidades autónomas”, dijo el PSOE) y las fórmulas presentadas por los portavoces de Hacienda en relación al gasto sanitario y farmacéutico: las más extendidas solicitan que el debate tenga lugar en los órganos ‘preceptivos’ (Consejo Interterritorial; Comisión de Sanidad del Parlamento); soluciones a los problemas de infrafinanciación del sistema sanitario.
Coscubiela apostó también por establecer “un cambio de relación” con las compañías farmacéuticas; cambios en los sistemas de compra de los fármacos y apuesta por los servicios comunitarios. “Racionalizar sí, pero recortar de esa manera no”, concluyó.
