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El presupuesto sanitario de Castilla y León para 2014 baja un 1,42 por ciento

El Ejecutivo regional recuerda que las transferencias recibidas por el modelo de financiación no alcanzan para sufragar el gasto de las tres consejerías sociales.

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| sábado, 12 de octubre de 2013 h |

En 2014, las consejerías de Castilla y León dispondrán de 7.313 millones para ejecutar sus políticas, cantidad ligeramente inferior –el 0,40 por ciento menos– que la de este año. De ellos, 3.191 millones serán para Sanidad, lo que supone un 32,06 por ciento de todo el presupuesto regional. El presupuesto del Departamento de Antono María Sáez Aguado baja un 1,42 por ciento.

El Gobierno regional asegura haber aprobado un proyecto de presupuestos de marcado “carácter social”. El gasto en sanidad, educación y servicios sociales consume el 80 por ciento de los recursos no financieros de las nueve áreas del Ejecutivo. El 20 por ciento restante irá a parar a medidas de reactivación económica. Según el Ejecutivo, el proyecto de presupuestos de 2014 “vuelve a sacrificar las inversiones y transferencias de capital en favor de los servicios sociales”.

El análisis del proyecto por el lado de los ingresos revela que la partida más relevante continúan siendo los 5.361,5 millones de euros de las entregas a cuenta del modelo de financiación, que bajan el 4,39 por ciento respecto a las comunicadas para 2013. “Al igual que en años anteriores, es un montante que ni siquiera permite sufragar el gasto que realizarán las tres consejerías sociales, Sanidad, Educación y Familia, que asciende a 5.803,7 millones el próximo año”, recuerda el Gobierno, que añade que esta circunstancia profundiza “una vez más” en la “insuficiencia del sistema aprobado por el Gobierno socialista anterior, que no cubre el coste real de los servicios públicos esenciales al menos en regiones como Castilla y León”.

Entre los apartados más relevantes del proyecto figura el capítulo relativo a las transferencias corrientes. Tiene un importe de 2.434,8 millones de euros, en el que están incluidos los 923,8 de la Política Agraria Común. Si se excluye esta partida, las consejerías dispondrán de 1.511 millones para abordar cuestiones como el pago de la farmacia, los conciertos sanitarios y educativos, el gasto que realizan las universidades, la dependencia o la Renta Garantizada de Ciudadanía, por poner sólo unos ejemplos.