Desde que en 2000 el Ministerio de Sanidad implementase la Orden de Precios de Referencia (OPR) la polémica está servida. No tanto por el espíritu de la norma, que busca establecer criterios de ahorro, estabilidad a la comercialización y financiación de medicamentos, sino por los numerosas alegaciones que se hace al borrador de la OPR y los posteriores recursos tras la publicación de la misma.
Diversos actores del sector farmacéutico y en especial las patronales con más peso en el sector reclaman más ajustes y diálogo previo a la publicación de las OPR. En concreto Emili Esteve, jefe del departamento Técnico de Farmaindustria aseguró a EG que “si bien el sistema de precios de referencia se reformula año a año y se han ido cambiando los criterios desde el 2000, nuestra posición es que se necesitan más ajustes”. En esa misma línea se expresa Fernando Redondo, presidente de Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), al asegurar que su impresión es que “se desoyen las numerosas alegaciones que hacemos en las que alertamos de irregularidades en la redacción de los borradores. Nos consta que hay alegaciones que no son ni recogidas, ni estudiadas lo que prolonga año a año los pleitos y los recursos”.
Existen pocos actores del sector farmacéutico que no hayan presentado en uno u otro momento recursos y alegaciones. En este sentido, primero la Audiencia Nacional y después el Tribunal Supremo han dado la razón en ocasiones a compañías farmacéuticas y patronales dejando sin sentido algunas disposiciones de las distintas OPR, aunque también en sentido inverso. Esto provoca que la administración pública tenga que asumir indemnizaciones que al final pagan todos los contribuyentes, contraviniendo así el espíritu final de la OPR, que busca el ahorro.
La última sentencia emitida por el Tribunal Supremo sobre las OPR rechaza la intercambiabilidad de dos autoinyectables que estaban en una agrupación homogénea —sentencia a favor de ALK Abelló en junio de 2015 —, aunque inicialmente FEFE fue la primera organización en lograr una sentencia del Alto Tribunal que rechazaba que el precio mínimo de un medicamento genérico se fijase por un fármaco autorizado en España pero que no estaba comercializado. Esta sentencia abrió la espita y otros actores a lo largo de los años han reclamado judicialmente y ganado las sentencias, como la que consiguió Pfizer en 2014.
Si bien en el último Real Decreto de la OPR ya se subsanó esta cuestión distinguiendo entre medicamento autorizado y comercializado. Aún así “siguen persistiendo en el sistema de precios de referencia tres grandes debilidades a nuestra entender”, asegura Esteve. “La primera es la agrupación de diferentes presentaciones en un mismo conjunto, no por el principio activo sino por la última Clasificación Anatómica Terapéutica (ATC5). La segunda es la referente a las vías de administración como la parenteral y la tercera los precios ponderados para dosis extremas”.
‘Efecto brida’
En este sentido, y exclusivamente en el ámbito de las dosis extremas, se produce con los precios ponderados el denominado ‘efecto brida’, por el que aunque no haya exista ninguna nueva presentación en un conjunto de la OPR, el recálculo del precio de referencia produce precios más bajos que el año anterior.
En este caso, el Ministerio de Sanidad o mantiene el precio ponderado o lo baja siendo similar esta situación al mecanismo de la brida, que o se mantiene o baja, pero nunca sube. “Al paso de los años y sin que pase gran cosa, asintóticamente esa medida de atenuación en los precios ponderados para dosis extremas sigue generando bajadas progresivas de los precios de referencia. En nuestra opinión hay que en poner a salvo a las presentaciones damnificadas donde existen bajadas de precios que nadie quiere. Ni la industria, ni los profesionales, ni los pacientes, pero ni siquiera la propia administración”, destaca Esteve.
