Los mecanismos sobre PIB avanzan dejando a su paso muchas preguntas que por ahora nadie responde. La actitud en las comunidades autónomas es de máxima cautela. Sanidad remite a Hacienda, que a su vez remite al ministerio, a una “reunión informativa” que tendrá lugar este mismo mes y que permitirá a las regiones disponer de más información con la que posicionarse ante una de las cuestiones más evidentes: Teniendo en cuenta las partidas y contrapartidas, ¿cuáles de ellas se sumarán a los mecanismos voluntarios de sostenibilidad?
“En principio, y de forma general, las fórmulas de acuerdos de techo de gasto nos parecen positivas ya que nos permite tanto a los servicios de salud como a la industria farmacéutica establecer escenarios que nos permitan la predictibilidad y la previsibilidad del consumo y gasto farmacéuticos, nos permite una mejor gestión del ciclo de planificación de la incorporación de la innovación farmacéutica al sistema de salud”, asegura Iñaki Betolaza, director de Farmacia del departamento de Salud del Gobierno vasco. Pero la comunidad foral no se manifiesta sobre su vinculación a un mecanismo de sostenibilidad del cual sólo tiene “muchas dudas y preguntas” sobre su ámbito de aplicación, alcance y gestión operativa.
Sobre el acuerdo con Farmaindustria, Betolaza dice no disponer de información de carácter formal y oficial. Y en relación a la enmienda a la LOFCA, su postura es “totalmente contraria”. “Nosotros abogamos por el diálogo colaborativo con la industria farmacéutica y con el resto de administraciones y no nos parece que la vía que se ha escogido sea la correcta. Además, no se deben mezclar las cosas, una medida potencialmente positiva se incorpora en una enmienda a una Ley que trata de modificar el sistema sanitario y sus reglas de juego”, indica. Betolaza se refiere también al marco de relaciones financieras entre el País Vasco y el Estado, un asunto incluido en las enmiendas presentadas por el grupo vasco en el Senado a la reforma de la Lofca. Su dictamen fue aprobado en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta y se debatirá esta semana en el Pleno con pocas novedades; ninguna sanitaria.
El dictamen aprobado incluye cuatro enmiendas del PP y abre la puerta a llegar a acuerdos con la oposición en 12 asuntos, pero ninguno relacionado con los mecanismos de sostenibilidad del gasto sanitario y farmacéutico, a pesar de que formaron parte de siete propuestas de veto y protagonizaron 18 enmiendas parciales: doce de supresión, cinco de modificación y una de adición. Todas ellas fueron rechazadas.
No obstante, el debate en el Senado, cámara territorial, dará nuevas pistas sobre la perspectiva autonómica en torno a los mecanismos. Coalición Canaria afirma que “ninguna comunidad podrá evitar acudir al fondo que se propone, siendo el Estado el que fija el precio y por otro lado el que limita el crecimiento del gasto farmacéutico de las comunidades, en un intento de limitar financiación a coste de no crecer en gasto, siendo el Estado el que induce con la aprobación y fijación de precios con acuerdos con la industria y necesariamente generando el gasto no financiado a las comunidades”.
Según la Entesa, el instrumento de sostenibilidad del gasto farmacéutico “no tiene sentido”. El problema de la sostenibilidad o no de los gastos y costes en los que incurran las comunidades no se corrige, dice, a base de la creación de instrumentos y fondos, “que van aparejados normalmente de condiciones y ánimo de control y tutelaje”, sino reformando el sistema de financiación.
