Era necesario desarrollar una nueva normativa, ya que en las últimas semanas hemos visto como varias plataformas de internet han sido noticia por incluir ofertas de medicamentos para venta entre particulares. El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha subrayado que la compra-venta de medicamentos entre particulares tiene que ser una práctica ilegal perseguida de oficio por las autoridades ante los elevados riesgos para la salud pública que dicha práctica puede generar: falsificaciones, ausencias de garantías y controles sanitarios. Para el presidente del CGCOF, Jesús Aguilar, “el Estado tiene que tener herramientas para que esto no ocurra y , si no dispone de ellas, hay que crearlas”. Por eso ha pedido a la Agencia Española de Medicamentos (Aemps) que siga trabajando y que aplique “cierres, multas ejemplares, lo que haga falta para acabar con este grave problema de salud”, y brinda a las autoridades, tal y como vienen haciéndose en el tiempo, todo el apoyo y colaboración de la Organización Farmacéutica Colegial.
Según reza un editorial de la revista ‘Farmacéuticos’ del Consejo, los controles administrativos y sanitarios existentes en el canal legal de fabricación, distribución y dispensación de medicamentos son una garantía de calidad y seguridad para los pacientes. Una realidad que en España ha evitado hasta la fecha, la entrada de medicamentos falsificados en los cauces legales. Unas garantías para el ciudadano que se verán reforzadas aún más con la futura implantación del sistema español de verificación de medicamentos. Unos controles y medidas preventivas que serían deseables igualmente para atajar prácticas irresponsables en cauces ilegales que atentan gravemente contra la salud pública.
Por otra parte, el Ministerio de Sanidad inicia una protección frente a los medicamentos falsificados en el mercado.
Precisamente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acaba de informar sobre el futuro sistema de dispositivos de seguridad de los medicamentos de uso humano, en una jornada inaugurada por el secretario general de Sanidad y Consumo Javier Castrodeza y la directora de la Aemps Belén Crespo. El objetivo del desarrollo de esta nueva normativa es la protección de la cadena legal de los medicamentos frente a las falsificaciones.
Estos dispositivos deberán incluirse en los medicamentos sujetos a prescripción (medicamentos con receta), excepto unos pocos excluidos por su bajo riesgo, así como en algunos medicamentos no sujetos a prescripción en los casos en que así se determine, por la Comisión Europea, en base a su riesgo de falsificación.
De esta forma, a partir de febrero de 2019 la mayoría de los medicamentos deberán incluir dos dispositivos de seguridad en sus envases: un identificador único, que permitirá verificar la autenticidad de cada uno de los medicamentos dispensados, y un dispositivo contra las manipulaciones, que permitirá garantizar la integridad de los mismos.
La información de estos identificadores únicos se albergará en un sistema de repositorios, gestionado y financiado por los fabricantes de medicamentos. Este sistema de repositorios estará integrado por una plataforma central europea a través de la cual se conectarán los sistemas de los distintos países.
Los controles existentes en el canal legal de fabricación, distribución y dispensación de medicamentos son una garantía de calidad y seguridad para los pacientes
