“Cataluña ya está preparada para incorporar la evaluación económica en su toma de decisiones”. El anuncio que Arantxa Catalán, jefa del Área de Evaluación Económica de Farmacia de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña, lanzó durante la II Jornada de Gestión y Evaluación de Medicamentos: De la Evaluación a la Práctica Clínica, organizada por Almirall y la Fundación Gaspar Casal, podría sacar a España del vagón de cola en una asignatura en la que hoy continúa muy mal posicionada. Su nombre está entre los cinco países de la UE-15 que todavía no utilizan formalmente la evaluación económica para el reembolso (cobertura pública) de tecnologías sanitarias.
La visión de los expertos coincide a grandes rasgos con la fotografía mostrada por Salvador Peiró, subdirector general de Investigación e Innovación en Salud de la Generalitat Valenciana: España no ha dado más que sus primeros pasos con la evaluación del coste-efectividad y el impacto presupuestario y no dispone de un organismo similar al NICE británico, capaz de desarrollar los procesos de evaluación de la seguridad, efectividad comparativa o coste-efectividad necesarios en los procesos adaptativos. Se sitúa, junto con Grecia, Italia, Austria y Luxemburgo, lejos de los líderes en evaluación de las tecnologías sanitarias: Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Holanda, Francia, Reino Unido, Portugal y Suecia.
En España no faltan profesionales cualificados para realizar las evaluaciones, ni tampoco existe un menor interés en realizarlas. El motivo del retraso sigue vinculado a tres tipos de barreras, según explicó Juan Oliva, profesor de Análisis Económico de la Universidad de Castilla-La Mancha. Las primeras son administrativas. A la dificultad de cambiar recursos de un capítulo a otro en el presupuesto este experto suma el encorsetamiento al que obligan unos presupuestos que “son tan ajustados” que no permiten liberar recursos para adoptar nuevas terapias. Asimismo, indicó que “la contención de costes es más importante que el criterio de coste-efectividad” y lo que los estudios económicos “no se requieren administrativamente”.
La Administración defiende un trabajo que ya está estructurado pero que mantiene incertidumbres una vez que el fármaco se comercializa. Esta es una pata del proceso que ya está solucionada en Cataluña pero sigue pendiente en el resto de autonomías. “En la parte de la comercialización y la re-evaluación existe un reto importante que tenemos que abordar en los servicios de salud, y si es posible de manera colaborativa”, explicó Nieves Martín Sobrino, directora técnica de Farmacia de Castilla y León.
Precisamente éste es otro de los asuntos que penden sobre el hito introducido en 2012 en materia de evalución: la homogeneización de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) está en la agenda pero las autonomías reconocen que es complicada. “Conseguir la homogeneidad es muy difícil y a corto plazo, imposible”, reconoció Martín Sobrino. Entre las cuestiones a solventar está el que no todos los IPT tienen el mismo nivel de detalle, algo que según Arantxa Catalán permiten afinar los sistemas de información o de manejo de los pacientes a nivel autonómico. “Los que acaban acotando criterios de uso son los informes que se aplican después en los territorios”, explicó.
Junto a las administrativas existen barreras de aplicación práctica, vinculadas entre otros puntos al patrocinio de los estudios. Las administraciones son conscientes de la necesidad de no confundir el conflicto de interés con la experiencia en casos concretos. “Los que más saben sobre un fármaco huérfano serán los que lo han desarrollado. Van a tener un conflicto de intereses per se. Lo importante es que declaren dónde han estado”, indicó la directora técnica de Farmacia de Castilla y León.
En último lugar se sitúan barreras metodólogicas: estudios complicados y de difícil comprensión; que abordan ahorros teóricos pero no reales; que no contemplan la variabilidad en los costes asistenciales y que precisan demasiadas hipótesis de trabajo como para que los resultados sean aplicables en la vida real. Antonio Matas, coordinador del Centro Andaluz de Documentación e Información de Medicamentos, expuso cómo las nuevas exigencias de profesionales y administraciones han obligado a modificar su forma de trabajar. “Ahora hay un exceso apabullante de información; eso implica una dificultad en la selección y lo que vemos es que ha crecido la demanda sobre la claridad, la concisión y en pocos caracteres”, señaló.
