Defienden la libre elección de boticas y denuncian la desigualdad en la dispensación
La Fundación Edad y Vida dice “no” a los concursos centralizados por autonomías
i. fernández
Madrid
El modelo de suministro de medicamentos y productos sanitarios a residencias geriátricas salió a debate la semana pasada. Cada comunidad autónoma cuenta en la actualidad con su propio modelo, con sus propios matices: turnos rotatorios, concursos centralizados... Pero cada uno es distinto. Ejemplos actuales: Madrid, Valencia o Cataluña. Con el trasfondo que esta desigualdad supone, la Fundación Edad y Vida propuso en su III Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida, celebrado en Madrid, la libre elección de la oficina de farmacia o servicio de farmacia que suministre a estos centros.
“En algunas comunidades no se da esta libre elección de la farmacia y nosotros defendemos este modelo en el caso de que la residencia no cuente con las camas necesarias (al menos 100) para tener un servicio de farmacia propio en el centro”, expresó Jordi Bozal, presidente de la Comisión de Farmacia y Productos Sanitarios de la Fundación. Además, dijo “no” a los concursos centralizados por las comunidades autónomas pues, en su opinión, “se pierde la libre competencia”.
Las 17 comunidades autónomas cuentan con dos maneras de suministrar a residencias privadas o concertadas. Una, a través de una oficina de farmacia próxima. Otra, mediante los servicios de farmacia con los que cuentan algunos de estos centros geriátricos. Sin embargo, en el caso de estos últimos el médico de la residencia no puede prescribir con el talonario de recetas oficiales, punto también criticado por Bouzal. Además, el presidente de la comisión de Farmacia de la Fundación recomendó disponer en estos centros de un stock de urgencia de medicamentos y material sanitario, así como de un circuito de dispensación urgente y cambios de medicación.
Eso sí, como puntualizó, siempre con la prevalencia de una visión de eficiencia a largo plazo en cuanto al tratamiento de los costes, y un plan de formación continuada en administración de medicamentos, nutrición enteral y utilización de productos sanitarios. “Puesto que la atención sanitaria es un derecho universal, el residente debe tener los mismos derechos y prestaciones que si estuviera en su domicilio, independientemente de la titularidad del centro residencial: público, concertado o privado”, destacó Pedro Llorente Cachorro, director general de Gestión Económica y Compras de Productos Farmacéuticos y Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud.
Caso madrileño
Respecto a la comunidad madrileña, el colegio de la región manifestó hace unas semanas su deseo de evitar que este mercado escape del control de la oficina de farmacias. Así lo comunicó tras la reciente resolución de la Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, que archivó la incoación de un expediente al COF madrileño y a la Consejería de Familia y Servicios Sociales como consecuencia del convenio de colaboración sobre el suministro a residencias públicas.
El objetivo es el de llegar a un acuerdo de convenio que posibilite una dispensación y unos servicios adicionales ordenados, evitar prácticas ilegales así como que no se fomente la Central de Compras de la Comunidad de Madrid vía concurso público. Por el momento, el Servicio Regional de Bienestar Social comunicó la semana pasada al colegio que las farmacias no efectuasen cambios para el suministro hasta que se elaborara un mecanismo definitivo de provisión. Al mismo tiempo, las propias residencias recibieron una comunicación con la farmacia que suministrará a cada una, como fórmula transitoria.
En Valencia la situación tampoco está resuelta. Hace un año salió el decreto 94/2010 por el que se regulan las actividades de ordenación, control y asistencia farmacéutica en los centros sociosanitarios y en la atención domiciliaria. Pero, como confirmaron desde el COF valenciano, falta que se desarrolle y que se resuelvan las alegaciones que el colegio hizo a la consejería sobre algunos de los puntos con los que estaba en disconformidad. La consejería, por su parte, ha creado un portal web en el que el farmacéutico que quiera suministrar a residencias de la zona puede inscribirse. El objetivo es establecer un baremo de puntos.
Respecto a Cataluña, Bozal advirtió de que si se materializa el ‘decreto Gilabert’ “estaríamos en un modelo como en el de otras comunidades”.
