La crisis económica y financiera que atraviesa España no solo ha condicionado su evolución en los últimos años. Sin duda, el escenario futuro que se plantea presenta cambios profundos que afectan a ciertos comportamientos asentados en la etapa de mayor bonanza económica y que fueron determinantes en la reforma del modelo de financiación vigente hasta 2009. Por ello, cabe preguntarse si han dejado de tener validez en los momentos actuales. La respuesta a esta pregunta queda recogida en análisis que el gobierno regional de Extremadura ha realizado del sistema de financiación. A su juicio, “parece evidente que es necesario reconsiderar si las variables poblacionales han de jugar de forma tan decisiva en su funcionamiento”.
Precisamente este es el razonamiento que según el informe extremeño cabe aplicar al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que cubre entre otros los gastos sanitarios. Su finalidad, según el ejecutivo extremeño, no parece verse reflejada en los cuadros de liquidación del modelo. En ello ha influido en buena medida el hecho de que la variable que habría de ser determinante en la evolución de este fondo, la población (ya sea en sentido estricto, ya sea referida a subgrupos tales como la población protegida, la población mayor de 65 años o la población entre cero y 16 años), “no se ha comportado como se previó en el momento de la reforma del sistema de financiación”.
Si se compara el crecimiento medio de la población en el periodo de vigencia del modelo anterior al actual (1999-2009) cuya cifra supera los 600.000 habitantes anuales, con el registrado en el periodo 2009-2011, cuya cifra no alcanza los 150.000 habitantes anuales, resulta fácil concluir para Extremadura que las comunidades autónomas tradicionalmente receptoras de población “no ha alcanzado sus objetivos en lo que a participación en el fondo se refiere”.
Dado el mecanismo de funcionamiento del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, puede demostrarse que, ante situaciones de estancamiento o crecimiento de los recursos tributarios, las comunidades autónomas con mayores crecimientos poblacionales experimentan menores pérdidas o mayores ganancias que aquellas cuya población se estanca o disminuye. Paralelamente, en una situación de crisis económica, es decir, de caída de los ingresos tributarios, la reducción de la participación de cada comunidad autónoma se acentúa cuanto menor es su saldo migratorio, es decir, cuanto menos incrementa su población.
Es cierto que entre 2009 y 2011 los recursos tributarios aumentaron, pero dicho aumento fue ligado a incrementos en los tipos impositivos de los impuestos indirectos, fundamentalmente IVA. Es decir, que la mayor contribución de las comunidades autónomas al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales se ha financiado a base de reducir el valor de las transferencias del Estado, a pesar de que son sus ciudadanos los que han soportado el mayor pago de impuestos.
El menor crecimiento poblacional observado desde 2009, unido al mantenimiento de las cifras de recaudación conseguidas a través de los sucesivos incrementos en los tipos impositivos, fundamentalmente de IVA, han conferido al Fondo de Garantía, según Extremadura, “una estabilidad que no era la pretendida por las comunidades autónomas con mayor actividad económica y principales receptoras de los saldos migratorios positivos registrados entre 1999 y 2009”.
¿Ha dejado de tener validez el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales o han cambiado las circunstancias de las comunidades autónomas que, previsiblemente, podían verse más beneficiadas por el mismo? Teniendo claro que la evolución del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales se ha visto “significativamente condicionada” por la situación de crisis económica, cuyos signos más evidentes se muestran, precisamente, en los años de vigencia del modelo actual, Extremadura pone el acento en el futuro. Para ello plantea las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística sobre proyecciones de población hasta 2023 por comunidades autónomas, que indican que la población va a experimentar una caída media del 5,6 por ciento.
Si se toman en consideración estas estimaciones oficiales sobre la evolución de la población en los próximos años, cabe esperar, según Extremadura, que la mencionada estabilidad se vea alterada, especialmente para el grupo de comunidades autónomas teóricamente más beneficiadas con su diseño actual. Por todo ello, el informe remitido al Ministerio de Hacienda plantea la necesidad de reconsiderar si las variables poblacionales deben seguir pesando tanto en el modelo.
No es la única crítica que el documento arroja sobre la principal variable del sistema. A juicio de Extremadura, la “población ajustada”, entendida como unidad de necesidad que permite distribuir el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, no es válida como divisor del ratio que se utiliza como indicador de referencia por cuanto solo representa una parte de los recursos que el sistema de financiación aporta a las comunidades.
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Entre 2009 y 2014, los recursos recibidos por las comunidades autónomas han sufrido una pérdida interanual de 21.628 millones, lo que representa una caída del 20,8 por ciento. En el caso de Extremadura, la pérdida es aún mayor, al situarse en el 22,2 por ciento.
7,1
En términos de financiación homogénea, nuevamente Extremadura registró un peor comportamiento en los años 2010 y 2011. La caída de sus recursos, cifrada en el 7,1 y el 4,5 por ciento, fue superior a la media de las comunidades autónomas, que fue del 5,1 y el 3,4 por ciento.
5,6
Las estimaciones del INE sobre la evolución de la población en las comunidades autónomas dan pie a una de las más importantes conclusiones del informe extremeño. El descenso de población previsto hace desconfiar del peso de la variable de población en el modelo.
