“Habrá o no acuerdo en función de la disposición de la industria”. La frase con la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, abrió la prórroga para la aprobación del ‘plan de choque sanitario’ anunciado para el último Consejo de Política Fiscal y Financiera de 2014, dejó la pelota en el tejado de los proveedores, Farmaindustria y Fenin, así como varias incógnitas sobre las causas del retraso de unos acuerdos que se habían anunciado como casi seguros. Ambas patronales se han encargado de desmentir que no tengan voluntad de llegar a esos acuerdos. Siguen sin desvelarse cuáles son los escollos de la negociación, aunque en su origen podría encontrarse en las dificultades que ya habían sido apuntadas, bien desde la propia industria, o bien desde los expertos, y las prisas por cerrar estos acuerdos en un año electoral.
Fuentes de Farmaindustria confirmaron a este periódico que seguirán trabajando con Hacienda para llegar a un acuerdo “lo antes posible”. No hay fecha cerrada para ello, ya que depende de una complicada negociación entre la industria y el Gobierno. El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, consideró correcto no haber incluido el techo de gasto farmacéutico en el Real Decreto-ley de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales para seguir trabajando en su “mecanismo de ajuste”. Moreno precisó que es preciso “dejar claro el procedimiento por el cual la industria devuelva dinero cuando el incremento del gasto farmacéutico supere al del PIB”. Este precisamente ha sido señalado como el escollo fundamental de un acuerdo de estas características, tanto desde dentro de la industria farmacéutica como desde los expertos consultados. En cualquier caso, Moreno añade que la industria “está por la labor” de llegar a un acuerdo en estos términos.
Fenin, por su parte, defiende que sigue estando “en perfecta colaboración” con el Ejecutivo. “No es que el acuerdo esté en función de lo que nosotros digamos. Más bien es todo lo contrario”, señalan desde la patronal. En su opinión, está en la mano de Montoro el presentar una oferta “con parámetros lógicos y razonables” que, dentro del marco de austeridad, fije unas reglas claras y estables, manteniendo la asistencia sanitaria al máximo nivel y valorando la innovación en su justa medida.
Ciertamente, la necesidad de obtener ahorros, sobre todo en relación al gasto sanitario, sigue siendo imperiosa, lo que da alas a la pretensión del Ejecutivo de intentar que la compra de medicamentos y dispositivos sanitarios se lleve a cabo de una manera cada vez más rigurosa y con criterios estrictos. Tanto Farmaindustria como Fenin han demostrado en múltiples ocasiones su disposición a colaborar, tanto con el Ministerio de Sanidad como con el de Hacienda. Pero las prisas por querer cerrar un acuerdo de manera rápida pueden haber ido en contra. Las mismas fuentes de Fenin apuntan precisamente a la “precipitación” con la que se querían cerrar unos acuerdos que ahora se quieren plantear de una manera más reflexionada.
Las comunidades, damnificadas
Tanto el Gobierno como los proveedores insisten en la buena sintonía que existe entre las partes. Está claro que nadie quiere volver a la regulación mediante reales decretos-ley. Pero si a alguien ha perjudicado el retraso en la aprobación de estos mecanismos es a las comunidades autónomas, que han quedado desprovistas de los mecanismos fundamentales que les permitirán hacer frente a dos de sus preocupaciones más acuciantes para el inicio del nuevo año. El acuerdo con Farmaindustria parece una receta necesaria para acabar con las diferencias y regular de manera homogénea el acceso a los tratamientos para la hepatitis C en las comunidades autónomas. Asimismo, el mecanismo que se negocia con Fenin se presentaba como una ayuda imprescindible para combatir el incremento del IVA sanitario, que entró en vigor el 1 de enero.
Mientras no llegue, la ausencia de un marco regulado en el techo de gasto farmacéutico acuciará, previsiblemente, las diferencias autonómicas y las tensiones que ya se están produciendo como respuesta a las protestas generalizadas que los afectados por Hepatitis C están llevando a cabo en todo el territorio nacional. Sin esa estructura de techo común para el conjunto del gasto, los acuerdos en relación a los nuevos medicamentos que se incorporen deberán adoptarse a título individual, como así parece que ocurrirá con los fármacos para la Hepatitis C anunciados para el primer semestre del año.
En el caso del IVA, hay una propuesta alternativa para que las arcas regionales no se vean afectadas. La secretaria de Sanidad del PSOE, María José Sánchez Rubio, ha asegurado que esta medida “dificulta el acceso de los ciudadanos” a los dispositivos médicos y “asfixia aún más a las comunidades”, por lo que ha exigido al ministro de Hacienda que el cien por cien de lo que se recaude con esta medida “sea destinado íntegramente a sanidad y repercuta directamente, desde el punto de vista presupuestario, en los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas”.
Los mecanismos con Fenin y Farmaindustria estaban llamados a aliviar la preocupación que en las comunidades autónomas genera el acceso a las innovaciones farmacéuticas y el incremento del IVA sanitario al 21 por ciento. A principios de 2015, ambos asuntos forman parte prioritaria de la agenda parlamentaria en sanidad.
En el caso de la Hepatitis C, el Congreso de los Diputados está llamado a debatir tres proposiciones, firmadas una de ellas por José Martínez Olmos y las otras dos por Gaspar Llamazares, que redundan en la ‘insuficiencia’ de las medidas adoptadas por el Gobierno. La iniciativa socialista vuelve a abordar la creación de un Plan de Acción del SNS frente a la Hepatitis C. Asimismo, demanda la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad en la que comparezca el ministro de Sanidad para informar de sus planes en relación a estos pacientes, la incorporación de nuevos fármacos en el tratamiento de esta enfermedad y su financiación. Las dos iniciativas registradas por el portavoz de Sanidad de IU y la Izquierda Plural pasan por la puesta en marcha de un ‘Comité de Crisis’ para la Hepatitis C. Una de ellas solicita además la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como la persona propuesta por el grupo para liderar este comité, similar al que en su día se creó para el ébola.
En el caso del IVA, el grupo catalán de CiU se ha hecho eco en la Cámara Baja de la preocupación trasladada al Ministerio de Hacienda tanto por Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) como por algunos centros concertados tales como la Unió Catalana d’Hospitals. En línea con lo que estas organizaciones han transmitido a Cristóbal Montoro, el grupo parlamentario ha registrado en el Congreso una petición en la que solicita que la recaudación que se obtenga con el nuevo IVA sanitario no repercuta únicamente en el Estado, sino que vaya a parar directamente a los presupuestarios sanitarios regionales, como también ha solicitado el PSOE.
