La patronal española de las empresas de tecnología sanitaria (Fenin) publicó la semana pasada los datos relativos a la deuda contraída con la Administración por provisión de bienes y servicios, la cual ascendía a los 2.496 millones de euros a 30 de septiembre de 2013. Una cantidad que comenzó a acumularse desde el 1 de enero de 2012, día siguiente a la última liquidación de facturas que tuvo lugar como consecuencia de la puesta en marcha del plan de pago a proveedores. Un plan que, aunque genera cierto alivio en el sector, es visto con cierto recelo por la ausencia de penalizaciones para las regiones morosas.
Concretamente, Gloria Rodríguez, responsable de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Fenin, alude al hecho de que los proveedores que quieran cobrar a través del plan de pago se vean obligados a renunciar a los intereses de demora. En ese supuesto, “¿qué aliciente tiene una comunidad autónoma para pagar una factura atrasada sabiendo que si se espera al plan de pago va a quedar eximida del pago de intereses?”, se pregunta Rodríguez.
En su opinión, esta ausencia de penalizaciones es la que está dando lugar a que determinadas regiones se muevan cómodas en el terreno de los impagos. Tanto es así, que algunas, como Valencia, “no han abonado ni una sola factura desde la liquidación que se llevó a cabo con la primera fase del plan, es decir, desde enero de 2012”. En este sentido, y muestra de que la reivindicación de la patronal es fundada, cabe destacar el hecho de que el anuncio de la nueva fase del plan haya servido para que algunas regiones que habían empezado a pagar hayan congelado los abonos para hacerlos a través del plan. “Al final, lo que se está generando es una cultura del pago puntual, una o dos veces al año, cuando hay un plan de pago, emisiones de deuda...”, sentencian desde Fenin.
Por este motivo, en la patronal mantienen la esperanza en lo que pueda suponer la aprobación de la ley de control de la deuda comercial, que abre la posibilidad a aplicar medidas preventivas, de corrección y coercitivas contra las regiones que incurran en impagos permanentes. Aunque visto lo ocurrido con las disposiciones de la Ley de Morosidad, el optimismo solo puede ser relativo. “Lo importante no es que se aprueben más leyes, sino que se cumplan. Es importante que los responsables vean que si no cumplen la ley, serán sancionados”, argumenta Rodríguez.
Situación de las empresas
Asimismo, señala que las consecuencias del inmovilismo pueden ser muy graves, ya que esta situación supone el deterioro del tejido industrial. Por un lado, las pequeñas empresas nacionales se ven inmersas en una situación de absoluta asfixia financiera, ya que a los impagos de la administración habría que sumar el clima de contracción del crédito.
Para ellas, el cobro de las facturas es poco menos que una cuestión de supervivencia. Por otra parte, en el caso de las multinacionales lo que está ocurriendo es una pérdida de capacidad en la toma de decisión de las filiales españolas. “Eso cuestiona el desarrollo de proyectos de investigación, el desarrollo de líneas de productos y genera despidos”, dice.
