En abril de 2013, una comisión de expertos de cinco países de la UE comenzó a analizar el sistema español de Ciencia y Tecnología. Sus recomendaciones, dijo entonces el Gobierno, servirían para poner en marcha la Agencia de Investigación y afrontar mejoras en el sistema. Más de un año después, el informe final de los expertos ha sacado los colores a la política científica del Gobierno y a la promesa de recuperación de la que presumen los PGE para 2015.
Son muchas las áreas que ponen al descubierto las carencias del sistema. Al margen de ciertas “islas de eficiencia”, su funcionamiento está condicionado, dicen los expertos, por la existencia de un modelo de gobernanza fragmentado, tanto vertical como horizontal, y sujeto a “rigideces institucionales” que dificultan la circulación efectiva del conocimiento y de las personas. Además, constatan la ausencia de un “sistema efectivo de evaluación” de las políticas de I+D, de las instituciones y de los niveles de calidad de la investigación y la existencia “solo parcial” de un sistema para la toma de decisiones políticas o estratégicas.
Quiso la casualidad que la presentación de los resultados de esta auditoría en la Comisión de Economía del Congreso coincidiese con el debate de los presupuestos para 2015. Ante semejantes conclusiones, poco pudo hacer la secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, para defender los créditos de su departamento y la prioridad que el Gobierno quiere dar a la I+D en su último año de legislatura ya que, al asumir las recomendaciones de los expertos, dio la razón, según la oposición, a todos los que en estos tres años se han opuesto a los recortes en Ciencia como medida antidéficit.
Recomendaciones
La primera recomendación de los expertos es que España necesita incrementar los recursos destinados a la I+D, así como una planificación a largo plazo de los mismos. Según Vela, la acción ya emprendida ha sido la de “consolidar” los presupuestos, es decir, “mantener estables” los de años anteriores. Además, señaló que el Gobierno se ha comprometido a “aceptar y seguir” las recomendaciones del semestre europeo.
Pero a la luz de lo que piden los expertos, la subida de la I+D para 2015 (globalmente superior al 4 por ciento, aunque para I+D civil solo sube un 1,3 por ciento) pierde peso ante los recortes acumulados: El Plan Nacional de I+D ha pasado de 537 millones en 2011 a 341 en 2014, y una previsión de 390 para 2015. “Los presupuestos han caído casi un 40 por ciento desde 2010”, recordó el portavoz del PSOE en la Comisión de Economía y Competitividad, Miguel Ángel Cortizo. Y en cuanto a las recomendaciones europeas, no es la primera vez que Bruselas insta a España, sin éxito, que no renuncie al objetivo de invertir el 3 por ciento de su PIB en I+D para el año 2020, como marca la hoja de ruta europea.
La segunda recomendación del informe apunta a los recursos humanos. Los expertos, de hecho, definen este problema como el “más acuciante” que tiene el sistema español de Ciencia y Tecnología. Recomiendan por ello actuar “de manera inmediata”: permitiendo la entrada de talento joven; modificando la carrera investigadora y afrontando un cambio radical en la gestión de la misma a través de la autonomía y la movilidad... Acciones que, según Vela, también ha emprendido su Departamento. En este sentido, se refirió a los 25 contratos para los organismos públicos de investigación (OPI) que se aprobaron en los presupuestos de 2014. “Un número discreto”, reconoció Carmen Vela, que vuelve a recogerse en los PGE con otros 25 contratos para 2015, pero el Alberto Garzón, portavoz de La Izquierda Plural, calificó de “irrisorios” frente a la “destrucción de empleo” registrada en los últimos tres años.
El resto de recomendaciones también ponen de manifiesto el retraso de la Secretaría de Estado de I+D en otras asignaturas. Hasta ahora, reconoció Vela, la política científica española se ha encargado de hacer preevaluaciones de los proyectos, “pero nunca se ha analizado qué es lo que ocurre después”... motivo por el cual los expertos ven necesario realizar seguimientos y evaluaciones “eficaces” para apoyar una política científica basada en la evidencia.
Igualmente, instan a llevar a cabo una reforma institucional de los OPI, que según Vela se inició en 2013, aunque el mandato existía desde antes, al igual que con la Agencia de I+D. Los expertos resaltan la necesidad de contar con una Agencia “independiente que implemente una parte de las reformas propuestas”. Su ausencia ha sido objeto de crítica en dos ocasiones en las evaluaciones europeas del Plan Nacional de Reformas. Según Vela, tras el informe “ha llegado el momento en que esto se tiene que producir”. Será en 2015.
Las explicaciones no bastan, para el PSOE. “Cuando tomó posesión, ¿no tenía delante una Ley de la Ciencia que le autorizaba a aprobar una reorganización de los OPI? (...) Lleva tres años prometiéndonos la agencia y, por ley, podían haber reorganizado los OPI. Tres años perdidos”, concluyó Cortizo.
