No se trata solo de devolver al canal farmacia los cerca de 200 medicamentos catalogados de Diagnótico Hospitalrio (DH) que en los últimos años han pasado a ser dispensados en hospitales, sino evitar nuevos trasvases, más aún si son las comunidades auónomas las que toman estas decisiones y no el Ministerio de Sanidad (único organismo al que faculta la legislación). En esta lucha, la oficina de farmacia sigue recabando apoyos, tanto jurídicos como sectoriales.
“Si un medicamento no requiere la asistencia de un médico en la dispensación, no tenemos duda de que ese medicamento debe dispensarse en la oficina de farmacia”. Así de rotundo se ha mostrado Humberto Arnés, director general de la patronal de la industria farmacéutica innovadora Farmaindustria, respecto a esta tendencia a la salida de medicamentos de DH del canal farmacia. Por este motivo, el director general de Farmaindustria ha ofrecido el “apoyo” de esta patronal en la reivindicación del Consejo General para que la dispensación de este tipo de medicamentos vuelva a recaer en las boticas.
De forma constante, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar viene insistiendo en que revertir esta situación (la salida de medicamentos de DH sin justificación sanitaria) “debe ser una prioridad para todo el sector” y, particularmente, es una ‘lucha’ prioritaria para la máxima corporación farmacéutica que preside. En este sentido, Aguilar ha insistido que para la vuelta de los DH a las boticas “no se necesita ningún cambio de modelo, sino simple voluntad política”. Para el presidente de los farmacéuticos españoles, hay datos que demuestran la mayor accesibilidad que para el paciente supone adquirir estos medicamentos en las farmacias. Uno de ellos sería que, en España, “hay 84 farmacias de media por cada hospital, mientras que en algunas zonas la cifra aumenta a las 300 boticas por centro.
Los medicamentos de DH también han sido protagonistas recientemente en el ámbito jurídico. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por el Servicio Andaluz de Salud —a una sentencia previa del TSJ de Andalucía— y declara “nula” la resolución del SAS que impedía la dispensación de ciertos medicamentos con este estatus en las farmacias. La importancia del fallo (que tiene su origen en un recurso de la patronal regional Ceofa) es que confirma que solo el Ministerio de Sanidad, y no las CC.AA, tienen competencia para estas decisiones. El presidente de Ceofa, José Luis Marquez, destaca la “contundencia” del fallo.
