El pasado 18 de abril era la fecha señalada para aplicar la nueva directiva europea sobre Contratación Pública. Sin embargo, la falta de un gobierno con plenitud de funciones ha demorado su trasposición aunque no total. Durante el mes de marzo se produjo una reunión en la que se decidió qué artículos necesitaban esperar a su inclusión en el ordenamiento jurídico español y cuáles no, por su claridad y no interferencia con leyes actuales. Uno de las que se salvó de la quema fue el bautizado como ‘Asociación para la Innovación’, cuya implicación directa es facilitar y promocionar la compra pública innovadora.
Según explica Raquel Ballesteros, del bufete de abogados Bird & Bird, este nuevo artículo permitirá a las empresas reducir su incertidumbre “al asegurar la compra por parte de la administración pública que desarrolle el concurso”. El proceso, paso a paso, sería el siguiente. Una consejería o el propio ministerio presentarían un proyecto con unos estándares de calidad claros para la elaboración de una nueva tecnología sanitaria o medicamento. Toda empresa interesada en la licitación presentaría su proyecto y la administración elegiría la que más se ajuste a las pretensiones solicitadas. Una vez decidido el ganador del concurso, la parte gubernamental subvencionaría la I+D del proyecto y aseguraría a la compañía ganadora su posterior adquisición.
En el nuevo acuerdo, que es aplicable desde el 18 de abril a pesar de no estar traspuesta la directiva, la administración se aseguraría un precio más competitivo derivado de someter el proceso a un concurso público en lugar de adquirirlo en el mercado. Asimismo, la empresa ganadora conseguiría reducir los gastos de I+D y, además, se aseguraría la adquisición del producto desarrollado. Según Ballesteros, “el cambio en esta legislación es significativo porque hasta ahora la empresa jugaba con un nivel de incertidumbre mayor, algo que se soluciona ahora al tener asegurada la compra”.
España no ha sido pionera en compra pública pero existen excepciones dentro del territorio nacional. Las comunidades autónomas de Galicia y Cataluña han realizado en diversas ocasiones iniciativas para fomentar la compra pública innovadora. Por ejemplo, proyectos como InnovaSaude o el Hospital 2050 —ambos desarrollados en Galicia— han propiciado que varias empresas hayan podido desarrollar nuevos productos y, así, dotar a los hospitales de materiales y dispositivos innovadores.
