Ni durante el debate más álgido en torno al Real Decreto-ley 16/2012 ha sido más frágil la posición de la ministra de Sanidad, Ana Mato, que a lo largo de toda la semana pasada, la segunda de la ‘crisis del Ébola’, que ha finalizado con la decisión del PSOE de presentar una moción en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a cesar a la ministra de Sanidad por los “graves fallos de todo tipo” que ha cometido en la gestión de la ‘crisis del Ébola’.
Esta decisión, que previamente habían lanzado otras formaciones políticas (no todas), así como sindicatos y trabajadores, no solo ha venido motivada por unas explicaciones que no han convencido. Además, en la gestión de la crisis se han producido una serie de gestos en perjuicio de la ministra que han dado lugar a todo tipo de interpretaciones.
Primero fue su criticada rueda de prensa nada más conocerse el primer caso de contagio; luego la decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de ‘relegarla’ al frente de un comité especial presidido por la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. Más tarde, la decisión del Gobierno de que en la comparecencia de la ministra en el Senado también estuviera Sáenz de Santamaría. En el Congreso, Mato se quedó ‘sola’ por duplicado. El Grupo Popular votó en contra de la comparecencia de Rajoy, y ningún miembro del Ejecutivo se quedó en el pleno cuando ella daba explicaciones de su gestión.
Pero la de Mato no es la única posición de fragilidad que ha dejado el contagio de la auxiliar Teresa Romero. Las disculpas que el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez, trasladó tras acusar a Romero de haber mentido y cometido errores mientras atendía a uno de los misioneros infectados no ha mitigado las peticiones de dimisión, alguna incluso desde dentro de su partido. La semana pasada se registraron en su consejería un total de 33.357 firmas de profesionales y usuarios de la sanidad exigiendo la dimisión.
