La consejería estima que podría acabar 2011 con un déficit de 240 millones
El retraso en el pago costó al gobierno regional cuatro millones en intereses en 2010
c. r.
Madrid
“Dificultad extrema”. Estas son las palabras que definen, según la consejera de Sanidad de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, la situación heredada en la sanidad cántabra como consecuencia de su infrafinanciación, su gestión, su endeudamiento y la caída de ingresos. Pero es la deuda farmacéutica por suministro de medicamentos y productos sanitarios la que ha hecho “saltar todas las alarmas” del nuevo equipo de gobierno cántabro y acapara hoy su máxima preocupación.
A 31 de diciembre de 2010 el agujero ascendía a 153 millones de euros. En julio de 2011 se elevó a 207 millones. Las estimaciones más optimistas de la consejería lo sitúan en más de 240 millones al cierre de 2011, con una antigüedad en las facturas superior a dos años. “Representan el 33 por ciento de nuestro presupuesto sanitario o, lo que es lo mismo, la escandalosa suma de 400 euros por habitante”, señaló la consejera en su primera comparecencia ante la comisión de Sanidad del parlamento autonómico.
Cuatro millones en intereses
Los retrasos en los pagos prometen costarle muy caro al gobierno regional, porque las reclamaciones administrativas y judiciales de los proveedores del Servicio Cántabro de Salud (SCS) por intereses de demora y principal son ya incesantes. A fecha de hoy hay formuladas 171 reclamaciones por importe de 143 millones de euros de principal y casi 20 millones de intereses. De éstos, más de 11 se encuentran ya en vía judicial.
Una idea de lo que pueden costar la ofrece la cantidad que ya ha pagado el gobierno regional en 2010 y lo que va de 2011: algo más de cuatro millones de euros solamente en intereses. “Esta situación empieza a ser doblemente peligrosa”, recalcó Sáenz de Buruaga, pues a su juicio Cantabria ha generado una “gravísima incertidumbre respecto a su capacidad de pago a las empresas” que, de prolongarse, podría llegar a amenazar el suministro.
Es por ello que su primer objetivo es “poner el contador a cero”. Un reto si se tiene en cuenta que se contabilizaron 70.000 facturas guardadas en los cajones de la consejería y que el suma y sigue de obligaciones que hay que pagar es grande: 18 millones de euros adicionales para abonar las facturas de octubre y noviembre; otros 30 para pagar las nóminas del personal del Servicio Cántabro de Salud; diez para hacer frente a las prestaciones económicas de la Ley de Dependencia; seis para cubrir la renta social básica; tres para sufragar las estancias concertadas... ¿La herencia? Un agujero de 500 millones de euros.
Sáenz de Buruaga, que trabaja ya en un pacto por la sostenibilidad del sistema, asegura que librará a la sanidad de recortes en 2012 gracias a un Plan de Reordenación y Eficiencia, en estos momentos en fase de planificación, que racionalizará la estructura de la consejería y el SCS en un mínimo del 20 por ciento, así como la Fundación Cántabra para la Salud.
Prioridad: pagar las deudas
Cantabria no es la única comunidad obsesionada con la deuda. Después de Aragón, que calificó de “muy grave” la existencia de facturas pendientes de pago por 292,4 millones, Extremadura ha planeado un recorte del 20 por ciento para 2012 (entre 500 y 1.000 millones de euros) y con sus primeras medidas (reducción de gastos corrientes en todas las consejerías) quiere hacer frente a la deuda de 2.500 millones que mantiene con bancos y proveedores, a los que se ha comprometido a pagar en un plazo de 25 días.
